Abordan prácticas de malos tratos en instituciones de salud mental de Córdoba

La sobremedicación, el encierro y la negación de información sobre los efectos de las drogas son algunas de las situaciones descriptas en un diagnóstico participativo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, que señala la necesidad de visibilizar malos tratos naturalizados en contextos institucionales de salud mental. (19-10-2023)

Por Candela Ahumada
Unidad Central de Comunicación Institucional – UNC
candela.ahumada@unc.edu.ar

Aunque la salud mental es un derecho humano y forma parte del derecho universal a una salud integral, aún persiste el estigma y la discriminación hacia quienes atraviesan este tipo de problema. Según la OMS, las personas con padecimiento mental a menudo no tienen acceso a servicios de calidad, son sometidas a prácticas coercitivas y tratos inhumanos y, en algunos casos, abusos, incluso en entornos de atención de salud, donde deberían ser protegidas.

Un monitoreo desarrollado por la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC observó las situaciones de malos tratos que sufren las personas usuarias del sistema de salud mental de la ciudad de Córdoba, con el objetivo de analizar la accesibilidad al mismo.

Entre las conclusiones se plantea la existencia de “un común denominador acerca de la necesidad de desmontar y visibilizar prácticas sanitarias que aún no se consideran tortura”, como la sobremedicación, el encierro, la negación de información sobre los efectos de las drogas y el período de internación, o la prohibición de recibir visitas de familiares.

“El diagnóstico elaborado permite dar visibilidad y construir evidencia ante prácticas que están naturalizadas y parecen incuestionables porque son parte de nuestra cultura. Pero al problematizarlas, podemos reconocerlas como malos tratos o tratos aberrantes de acuerdo a los paradigmas de derechos humanos“, señala Alicia Miranda, docente, investigadora e integrante del proyecto con experiencia en instituciones públicas de salud mental. Miranda advierte que las conclusiones representan una aproximación al diagnóstico de situación de lo que ocurre en contextos vinculados a personas con “padecimiento subjetivo”, definición que reconoce la singularidad del sufrimiento de cada persona, conforme a la Ley de Salud Mental 26.657.

El sondeo recupera los relatos y las experiencias de profesionales de la salud que trabajan en instituciones sanitarias de la ciudad de Córdoba, y de agentes comunitarios pertenecientes a organizaciones sociales (gubernamentales y no gubernamentales) que realizan abordajes de salud mental y consumos problemáticos en diferentes barrios de la ciudad de Córdoba.

A partir de sus testimonios -registrados en talleres- aparecen como recurrentes prácticas tales como la sobremedicación posterior a las altas hospitalarias, con los consecuentes efectos de la sedación. Relacionado con ello, también dimensionan la incidencia de cambios bruscos de medicación, muchas veces sin haber realizado previamente los estudios de laboratorio que permitan evaluar los esquemas de medicación más adecuados. También, la ausencia u omisión de información que reciben las personas usuarias del sistema acerca de los efectos secundarios de los psicofármacos que se indican consumir, como por ejemplo temblores, rigidez o dolores de cabeza agudos. En esas situaciones, son los operadores y las operadoras comunitarias quienes acompañan en los hospitales y centros de salud más próximos al territorio.

Otro dato relevante que recupera el informe se refiere a la falta de contacto con sus familiares de las personas con padecimientos subjetivos por consumos problemáticos de sustancias, que están internadas en comunidades terapéuticas del interior provincial.

Los protocolos terapéuticos aplicados indican, para algunas situaciones, “no habilitar las visitas de familiares o referentes de la organización”, lo que afecta negativamente a la persona internada que, al no poder ver a su familia, pide el alta voluntaria e interrumpe su tratamiento. En el caso de quienes tienen intervención de la Justicia, no pueden recibir visitas ni solicitar el alta voluntaria; entonces se retiran sin autorización y esta conducta es clasificada como “fuga”. Para Miranda, son estas las situaciones que generan una mayor vulnerabilidad psicosocial en determinados grupos de personas que utilizan el sistema de salud mental.

Desarticulación de la red salud mental

En los testimonios narrados también se observa la desarticulación de la red de salud mental, en particular desde el cierre del Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción (Ipad) en 2022, y un desmantelamiento de los equipos de atención comunitaria que funcionaban en los centros de salud de los barrios, a partir de la pandemia.

Otro dato registrado fueron las dificultades para acceder a dispositivos institucionales de salud mental ante la necesidad de internación para población infanto juvenil con cuadros agudos (ideación suicida, autolesiones y otros), que requieren internación.

Los relatos recogidos narran experiencias de recibir respuestas como “no hay cama para jóvenes”, o “la alternativa es el Hospital Neuropsiquiátrico”, nosocomio donde la internación se realiza con un referente familiar a cargo. “Ello genera un problema para las familias, que muchas veces no pueden quedarse durante la internación de sus hijas e hijos, porque el lugar tampoco está preparado, por lo cual ellas deciden asumir esos cuidados en el domicilio”, describe Miranda. Y agrega que, ante estas situaciones, resulta valioso el testimonio de las organizaciones territoriales -a través de sus profesionales, técnicos/as e integrantes- porque realizan el acompañamiento diario a jóvenes y familias, y porque dan visibilidad a un problema de salud pública.

Los testimonios hacen referencia, además, a los itinerarios invisibilizados que tanto integrantes de los equipos técnicos de las organizaciones sociales como de las familias deben atravesar por las distintas instituciones de salud, donde “son rebotados, no escuchados, o no saben a dónde mandarlos”.

En ese sentido, uno de los relatos surgidos del taller indicaba: “Si una persona recibió intervención en un hospital de referencia (segundo nivel), generalmente internaciones en niños, niñas y jóvenes con cuadros psicopatológicos, al egresar y ser dada de alta se indica que busque un espacio lo más próximo. El problema es que no todos los equipos de atención de salud mental del primer nivel (como dispensarios) son interdisciplinarios; es decir, no siempre están conformados por profesionales de la psicología, psiquiatría y el trabajo social. Eso obliga a las personas a peregrinar de una institución a otra y a buscar atención en lugares alejados de sus barrios”.

A ello se suma la situación de inaccesibilidad de las familias frente a las conductas agresivas de la persona con padecimiento mental. Así, por ejemplo, ante descompensaciones de salud mental en jóvenes -que puede darse por consumo intensivo de sustancias psicoactivas, cuyos efectos se manifiestan con conductas violentas producidas por las mismas sustancias- las familias suelen pedir la intervención policial para que trasladen a la persona afectada al hospital. En esos casos, la Policía sugiere a la familia que haga la denuncia por violencia para poder realizar el traslado. Pero una vez que cede el cuadro psicopatológico de urgencia, esa persona no puede volver a su casa debido a la medida de restricción habilitada tras la denuncia, con lo cual queda inaccesible a su propio hogar.

Falta de perspectiva de género y barreras geográficas

A partir de las experiencias descritas por profesionales de la salud y referentes de organizaciones sociales que realizan abordajes de consumos problemáticos y salud mental, se delinearon algunas conclusiones.
Por un lado, la ausencia de lineamientos estatales con perspectiva de género y enfoque de derechos en la atención de salud mental. En ese sentido, se observa la predominancia de varones en espacios de atención de consumos problemáticos, lo que limita la posibilidad de análisis y lectura sobre qué sucede en relación a malos tratos y torturas según el género. A ello se agrega la dificultad de implementar abordajes integrales, y muchas veces se espera que la mera asistencia a los talleres o terapias resuelva situaciones de pobreza, violencia y adicciones que atraviesan a las personas con padecimientos mentales.

También, las barreras geográficas para acceder a las comunidades terapéuticas de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC) del cuarto nivel de atención -destinado a la rehabilitación y a la reinserción de las personas con problemáticas asociadas al consumo de drogas- que se ubican en el interior provincial (Santa María de Punilla y San Francisco).

“Este conjunto de desatenciones entran en contradicción con marcos normativos de derechos humanos y perspectiva de género, y con lo planteado en las leyes nacionales vigentes en materia de salud mental y consumos problemáticos”, apunta Miranda, y agrega que la atención infanto juvenil “es un tema sensible y con muchas dificultades de una oferta que atienda la creciente demanda pos pandemia”.

La salud mental en cifras, según la OMS

La depresión ocupa la principal posición entre los trastornos mentales, y es dos veces más frecuente en mujeres que hombres, con mayor prevalencia entre mujeres de países en desarrollo que de países desarrollados.

Los trastornos de salud mental aumentan el riesgo de otras enfermedades y contribuyen a lesiones.

Los trastornos mentales y neurológicos en adultos mayores (como la enfermedad de Alzheimer, otras demencias y la depresión) contribuyen significativamente a la carga de enfermedades no transmisibles. En América, la prevalencia de demencia en adultos mayores oscila entre 6,46 % y 8,48%. Las proyecciones indican que el número de personas con este trastorno se duplicará cada 20 años.

Para los trastornos afectivos, de ansiedad y por consumo de sustancias en adultos, graves y moderados, la mediana de la brecha de tratamiento es de 73,5% en América (47,2% en América del Norte y 77,9% en América Latina y el Caribe).

Datos sobre el informe

-Estudio: las conclusiones forman parte del “Informe de registro y monitoreo sobre situaciones de tortura en Córdoba” (2023), de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, e integran un diagnóstico participativo desarrollado durante 2022 con diferentes organizaciones sociales. El informe releva las condiciones de malos tratos y tortura, diferenciando en cinco grupos vulnerabilizados en diferentes contextos de encierro (violencia policial, violencia institucional en casos de homicidios policiales, en contextos carcelarios, en contextos de instituciones de salud mental, y contra trabajadoras sexuales y comunidad organizada LGTTTBIQ+). El diagnóstico elaborado servirá para diseñar e implementar mecanismos de monitoreo por parte de las organizaciones sociales y actores territoriales.

-La muestra referida a contextos de salud mental incluyó a organizaciones que ya tenían un vínculo de confianza con integrantes del equipo de trabajo que llevó adelante el proyecto, y con la Facultad de Ciencias Sociales a partir del Consejo Social.

-Equipo de trabajo: Plaza Schaefer, Valeria Ardiles, María Belén De Pedro, Agustina Nayla Saad, Carreras Rafael Antonio, Miranda Alicia, Soria Ana Sofía, Nahir Abraham Sepulveda, Nicolás Giménez Venezia, Cecilia Romero, Milagros Beltran, Santiago Demarco, Brocca, Magdalena, Magdalena Doyle, Susana Morales, Natalia Danieli, Antonella Pestoni, Christian Herrera, Jacinta Burijovich, y Macarena Roldán.

Imagen de portada: Taller “Violencias, salud mental y consumos problemáticos”, realizado con agentes comunitarios de organizaciones sociales en la sede de la Red Puentes Córdoba.