En el 80 por ciento de los hogares argentinos, el cuidado de las personas que integran la familia está a cargo de la mujer. Una responsabilidad asignada cultural e históricamente que hoy encuentra su momento de colapso: el crecimiento sostenido de la actividad laboral femenina aún no está acompañado de nuevos acuerdos y redistribución de tareas al interior de los hogares. Sobre esta “crisis del cuidado”, las estrategias de resolución que ya no funcionan, y las coberturas que se deberían garantizar desde el Estado dialogamos con Laura Pautassi, quien analiza la problemática desde la perspectiva del derecho. [08.06.2017]

El tema del cuidado no es ni ha sido muy frecuentada en el debate público o mediático. Preguntas como quién cuida, cómo y cuándo, cuántas horas diarias son dedicadas al cuidado de otros, cuántas al autocuidado, no se formulan en voz alta porque parecen darse por evidentes.

Según datos del proyecto «El cuidado en la agenda pública«, en el 80 por ciento de los hogares argentinos esas “actividades indispensables para satisfacer las necesidades básicas de la existencia y reproducción de las personas” recaen exclusivamente en las mujeres. El mismo porcentaje se registra para el caso de las tareas domésticas.

• Notas vinculadas
• “Tenemos que dialogar con los decisores políticos”

Invisibilizar el problema es, entonces, ocultar un índice de la desigualdad.

Laura Pautassi es especialista en esta materia, y visitó la UNC a principios de mayo para participar en el Seminario Taller Mujeres y Ciudad: (In)justicias Territoriales, organizado por diferentes centros y organizaciones  locales e internacionales, y que tuvo lugar en el Pabellón Venezuela de la Facultad de Filosofía y Humanidades. UNCiencia dialogó con ella en esa oportunidad.

¿Cómo definirías la problemática en torno al cuidado y la organización del trabajo vinculada a la cuestión de género?

El tema del cuidado no es nuevo, sino que atraviesa la historia de la humanidad. Todas las personas, desde que nacemos hasta que nos morimos, requerimos cuidados, sobre todo al inicio y al final de la vida. En la vida adulta, pasamos a ser prestadores. Así, a lo largo del tiempo, tenemos este doble rol: dar y recibir cuidados.

Esta situación ha sido atravesada por el modelo patriarcal, en el cual la capacidad de cuidar de las mujeres fue naturalizada, asociada a su capacidad reproductora. Sin embargo, este es y fue un rol asignado; no existe una predisposición natural, ni las mujeres somos innatamente mejores cuidadoras que los varones. No existe instinto materno ni ninguna de esas construcciones que se han hecho de la mano del modelo patriarcal.

Hoy, la problemática emerge con más fuerza porque surgen nuevas tensiones a raíz del crecimiento paulatino y sostenido de la tasa de actividad de las mujeres, cuyo ingreso masivo al mercado laboral en América Latina se dio en los años 80. Ese es el inicio de la tensión, que se da porque estas responsabilidades de cuidado siguen siendo asumidas por las mujeres, sin que los varones hayan asumido su parte proporcional, y los hogares empiezan a colapsar. A esto se le suma el proceso de envejecimiento de la población, en el marco de la transición demográfica acelerada que estamos atravesando en América Latina.

En este panorama, ¿a qué se le llama “crisis del cuidado”?

Es un concepto que difundió la Comisión Económica para América Latina (Cepal) en 2009, en base a los trabajos de teóricas feministas. Refiere a este proceso de reajuste, o más bien desajuste, que se da por el ingreso de las mujeres al mercado de trabajo, sin haberse producido nuevos acuerdos al interior de los hogares, ni tampoco respuestas estatales.

Es una crisis porque las estrategias de resolución tradicionales ya no funcionan, y esto impacta en diversos órdenes económicos y sociales. El modelo patriarcal dejó de lado la discusión del mundo privado, y las mujeres lo aceptamos como condición para garantizar el ingreso en el mundo público, pero ahora esa falta de negociación salta a la luz. Es un momento histórico en el cual existe una fuerte tensión y no hay respuesta pública.

¿Cómo dirías que se manifiesta esta crisis?

Se puede ver, por ejemplo, en el cansancio de las mujeres, en la prevalencia de ciertas enfermedades a edades más tempranas. Hay toda una serie de patologías que están emergiendo de esta situación y que afectan la calidad de vida. Quienes tienen disponibilidad de ingresos lo solucionan un poco más fácil, ya que –si se dispone de recursos– se puede contratar una trabajadora de casas particulares, entre otras cosas. Pero esto es para un núcleo pequeño de hogares y la tensión sigue latente. Entonces los Estados empiezan a enfrentarse a esta problemática y a tener que ingresarlo en la agenda pública.

Esta salida individual de acuerdo a las posibilidades económicas, ¿no termina reforzando una desigualdad mayor entre las mujeres de clases sociales más altas y las de sectores populares?

Totalmente. América Latina es el continente más desigual de la tierra. Siempre hablamos de la desigualdad medida por ingresos y no de la distribución sexual del trabajo. Las mujeres en situación de pobreza lo resumen muy fácilmente: «Ser pobre es no tener tiempo ni para buscar trabajo». Lo que les pasa a estas mujeres es que tienen un uso del tiempo totalmente atravesado por las dificultades de la precariedad económica: no tienen acceso al agua potable, ni infraestructura; no hay leña y entonces tienen que ir más lejos y caminar más horas; tienen largas esperas para conseguir un turno en el hospital público, etcétera.
El tiempo de cuidado de una mujer de sectores populares es totalmente distinto al de una mujer de sectores medios. Sin duda, esto refuerza una división intragenérica en esta injusta división sexual del trabajo. En realidad, deberíamos hablar de una injusta distribución social del cuidado, que es la manera en que las familias, el Estado, el mercado y las organizaciones comunitarias producen y distribuyen cuidado.

¿De qué modo se da esa injusticia?

En la cristalización de las relaciones de género en el mundo del trabajo, que ha organizado y consolidado las relaciones de subordinación de las mujeres. La manifestación de esta situación es doble: por un lado, se concentran las responsabilidades de cuidado en las mujeres y, por otro, hay una menor y desigual participación de las mujeres en el mercado laboral, que está plagado de discriminaciones: salariales, en el acceso a puestos de decisión, en la trayectoria laboral y en una mayor exposición a situaciones de violencia y acoso (laboral, sexual e institucional).

El cuidado desde una perspectiva de derechos

Según Pautassi, la capacidad del Estado de dar respuestas a esta problemática ha estado vinculada históricamente a las relaciones laborales, y más específicamente a los trabajadores asalariados formales, quienes representan una pequeña porción del universo de personas que trabajan. Por eso, la especialista propone que, para ordenar este panorama, “lo central es desvincular la problemática del cuidado de las relaciones laborales y trabajarla desde el enfoque de derechos”.

Lo importante de esta desvinculación reside en que el cuidado es un derecho humano, reconocido por los pactos internacionales a los que el Estado argentino suscribe y a los que otorga rango constitucional. “Cuando  existe un reconocimiento de derechos, la problemática se desvincula de cualquier otra relación, un niño tiene el derecho a exigir ser cuidado y esto genera obligaciones. En ese sentido, se habla del derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado”, destaca la investigadora.

Desde este enfoque, ¿que podría mejorar en la vida de las mujeres?

Si bien esto no fue pensado como un derecho para que las mujeres tuvieran mejores condiciones de cuidado, las mujeres pueden exigir un mejor ejercicio del derecho a cuidar, que requiere infraestructura, regulaciones, tiempo y calidad, así como también un derecho a cuidarse. Y claro, los varones también pueden y deben ejercerlo. Este reconocimiento implica todo un modo de operar, en el cual la responsabilidad que tiene el Estado es clara en términos de provisión y garantías para su ejercicio, y también para imponer responsabilidades a los privados.

Concretamente, ¿qué debería hacer hoy el Estado?

Primero, debería modificar las regulaciones laborales y distribuir normativamente responsabilidades a varones. Pero es claro que con eso no alcanza, y eso se hace evidente, por ejemplo, con muchas regulaciones que han ampliado los días de licencia por paternidad. Los varones no se los toman porque, para ellos, es mejor volver al trabajo antes que quedarse en la casa a asistir a la mujer que ha parido y cuidar  al niño. Para que estas cosas cambien, esas regulaciones deben tener carácter de obligatoriedad y de cumplimiento efectivo. El famoso cambio cultural no se hace solo, las instituciones se reproducen porque hay cimientos para que así suceda. En este caso, porque las tareas de cuidado no son transmitidas como un valor.

Después, otro punto importante es garantizar todo lo relativo a los servicios de cuidado de la primera infancia, pero servicios institucionalizados, que no sean solo una respuesta para quienes tienen capacidad de pago. Lo mismo con las personas con discapacidad, que demandan cuidado especializado, y suelen resolverse de acuerdo a que exista una mujer cuidadora en el hogar o se disponga de dinero para contratar servicios de cuidado. Y, por último, ocuparse de la oferta del cuidado de las personas adultas mayores; este es un tema que debe incorporarse en la agenda urgentemente, debido al proceso de transición demográfica que estamos atravesando.

Para terminar, ¿a qué se le denomina conflicto familia trabajo?

Más que de conflicto, se habla de la conciliación familia trabajo. Aunque yo discuto mucho el concepto de conciliación, porque creo que son mundos no conciliables. Específicamente, es toda esa consideración acerca de cómo se articulan los dos mundos: el trabajo remunerado y el trabajo de cuidado no remunerado. Porque se “articulan”, no se concilian. En general, el problema es cómo garantizar respuestas integrales que mejoren las condiciones para los trabajadores con responsabilidades familiares. A la fecha, la normativa laboral  presupone que las únicas que tenemos problemas para trabajar y dejar los hijos somos las mujeres, y por eso las pocas medidas de conciliación que existen son para las mujeres. En los últimos años, con la relativa incorporación de los varones en temas de cuidado, empezaron a aparecer medidas de conciliación más amplia –como las licencias parentales, que pueden solicitar madres o padres indistintamente–. El tema del abordaje del «derecho al cuidado» va en esa línea de búsqueda de nuevas soluciones, ya que garantizarlo como un derecho humano no asociado a relaciones laborales obliga al Estado a proveer y garantizar su ejercicio efectivo. Desde este enfoque, dejaría de ser conciliación trabajo familia para ser conciliación y ejercicio de derechos. Hay una autora nórdica, Anne Lise  Ellingstaeter ¹,  que dice que hay tres aspectos a tener en cuenta: el tiempo para cuidar, el dinero para cuidar y la infraestructura del cuidado. Y son los tres puntos en los que nos estamos debatiendo.

¿Cuán lejos estamos de lograr esos objetivos?

No estamos lejos, pero lo que pasa es que no es un tema en agenda en Argentina. No entra sino de manera sectorial; hay ciertas reivindicaciones, pero no hay una decisión política firme de impulsar respuestas integrales. Por eso es importante mirar la experiencia de otros países. Uruguay ha organizado un Sistema Nacional de Cuidados, que es una experiencia para observar y de la cual aprender. Lo que se hizo, en ese caso, fue articular en un sistema que regula el Estado todas las instituciones públicas y privadas de seguridad social prestatarias de cuidado. Pero para lograr soluciones tiene que haber decisión política y una sociedad que acompañe ese proceso, con movimientos sociales fortalecidos, y ciudadanas y ciudadanos que defiendan el ejercicio del derecho al cuidado. Y debemos tener presente que no se trata de dar mejores condiciones para que las mujeres cuiden sino, por el contrario, garantizar una mejor distribución social del cuidado, más justa y basada en derechos.

“Tenemos que dialogar con los decisores políticos”

“Tenemos que aprovechar esta transferencia y dialogar con los decisores políticos, porque la universidad tiene un enorme caudal para este diálogo. Sin embargo, la fragmentación entre universidad y ámbitos de decisión política se nota  fuertemente”, puntualiza la investigadora. La razón está, según Pautassi, en que no se convocan. Empezar a hacerlo le parece fundamental para, entre otras razones, evitar retrocesos en el campo de los derechos.

Desde el ámbito académico, señala que es necesario abandonar la lógica del cumplimiento de requisitos. “Cuando se rinde una tesis, lo que se produce es la cristalización de todo un proceso de formación, y eso hay que sacarlo a la luz”, manifiesta Pautassi, y agrega que también es importante revalorizar los trabajos desde la transdisciplina: “Hay que aprender unos de otros, porque trabajar con lógicas distintas tiene consecuencias que pueden tener impacto de muchos años y que son difíciles de revertir”, concluye.
 

Fecha de publicación: 8 junio, 2017