Así lo asegura Ana Oberlin, directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, quien trabaja en la creación de un Registro de Femicidios para poder evitarlos. Según la funcionaria, los crímenes generalmente ocurren entre parejas o exparejas con antecedentes de violencia previa y atraviesan a todas las clases sociales, profesiones y edades. [15.10.2015]

Julia Torres murió hace dos años tras ser brutalmente atacada por su exmarido. La mujer, madre de cuatro hijos, había realizado 25 denuncias ante la Justicia antes de ser acuchillada en su vivienda de barrio José Ignacio Díaz, ciudad de Córdoba, pese a que tenía asignada custodia policial.

Su caso da cuenta de una situación que se repite frecuentemente: el reiterado pedido de auxilio de mujeres a instituciones que deberían dar respuesta, y pone en evidencia que gran parte de las muertes se podrían haber evitado si hubieran sido debidamente atendidas. 

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“Hemos visto que las denuncias presentadas ante la Justicia con anterioridad al crimen han sido desantendidas en muchos casos, o han recibido respuestas inadecuadas”, asegura Ana Oberlin, quien remarca que el Poder Judicial es una institución fuertemente conservadora en materia de género. “Es un reducto machista casi por antonomasia, que sigue considerando el femicidio como un tema de mujeres”, dispara. 

Desde su rol como directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Oberlin trabaja en la creación de una Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de Femicidios y de Homicidios Agravados por el Género. El objetivo es recabar información oficial, hasta ahora inexistente, sobre mujeres muertas por violencia de género. 

Para la abogada penal, la creación de este Registro bajo la órbita de los derechos humanos responde a una definición política. “Tiene que ver con visibilizar la problemática como un tema de derechos humanos y no como algo exclusivo de derechos de las mujeres. Muchas veces parece que éstas fueran dos cuestiones escindidas y no lo son”, indica.

UNCiencia dialogó con la especialista sobre la necesidad de contar con estadísticas certeras sobre los femicidios en el país, la actuación de instituciones clave en el tema, como la Policía y la Justicia, y la importancia de entrevistar a los femicidas como parte del abordaje de una problemática de origen cultural. La charla forma parte de una serie de entrevistas que este medio viene realizando a distintas expertas sobre género, y se inscribe en el marco de una nueva convocatoria nacional para marchar contra la violencia machista bajo la consigna de “Ni una menos”, que se realizará el próximo 25 de noviembre.

¿De qué necesidad surge y cuál es la utilidad principal que tendrá este Registro?

Surge de la necesidad imperiosa de tener estadísticas oficiales serias que releven lo que está pasando. Básicamente, la utilidad que debe tener –y a la que apostamos– es permitir el  diseño de políticas públicas que sean eficientes, eficaces y que estén en consonancia con la seriedad que el tema reviste. Porque para poder pensar en cómo prevenir los femicidios tenemos que saber exactamente qué está pasando. Es muy difícil hacer algo en relación a un tema tan difícil y complejo si no tenemos una foto de lo que está ocurriendo, o más que una foto una película, porque también hacemos un seguimiento de los casos. En eso hacemos hincapié porque es una de las funciones que para nosotras es primordial: no solamente conocer el caso cuando ocurre, sino también saber qué es lo que va pasando y qué respuesta se le va dando en el transcurso del tiempo.

Parte de la elaboración del Registro incluyó el relevamiento de las denuncias previas presentadas ante la Justicia por las mujeres que luego fueron asesinadas. A partir de esos datos, ¿cómo evalúa la actuación que ha tenido la Justicia en esos casos?

Sería un poco apresurado ahora, cuando estamos en proceso de recopilación de esos datos, dar una respuesta. Sí puedo decir que, en términos generales, hemos visto que las denuncias anteriores han sido desatendidas en muchos casos o han recibido respuestas inadecuadas. En Córdoba hay un caso que para mí es muy significativo, el de Julia Torres, quien fue asesinada después de haber hecho 25 denuncias, e incluso tener asignada custodia policial. Pero esa custodia, que no era controlada como correspondía, no estaba en el momento en que el femicida pudo ingresar a la casa y apuñalar a Torres, que murió meses más tarde a causa de las heridas. Creo que ese ejemplo se repite en otros lugares del país y muestra, en principio, una tendencia a una cierta desatención por parte de las agencias del Estado a las alertas previas, que son fundamentales.

¿Qué características comunes encuentra en los femicidios ocurridos en Argentina?

En general, se dan en contextos donde hay un historial de violencia previa y entre personas que tiene o han tenido relaciones de pareja. En cuanto a las formas de violencia, llamativamente se repiten. Hay un impacto que tendría que ver con lo mediático, es algo que todavía estamos estudiando, pero intuimos que puede ser así. Si ocurre un femicidio quemando a la víctima, luego se dan varios de ese modo; aparece un apuñalamiento y se repite esa metodología; aparece una mujer muerta en la basura y se suceden varios casos. De todas maneras, creo que el análisis en profundidad de los casos va a desmitificar un montón de cuestiones, como por ejemplo las clases sociales a las que pertenecen las víctimas. Hay víctimas y femicidas en todas las clases sociales, en todas las profesiones y de todas las edades.

Usted actuó como abogada en los juicios por delitos contra la integridad sexual ocurridos en los centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico militar. ¿Encuentra puntos en común en el accionar policial y judicial en aquellos casos y lo que sucede en la actualidad? ¿Persisten las miradas estigmatizantes?

Sí, sin duda. La Policía recibe órdenes y ha sido más tangible el cambio. Con muchas dificultades, pero se ha hecho. En cambio, en el Poder Judicial cuesta más: sigue considerando a los delitos de violencia sexual como delitos de menor entidad, de menor trascendencia, tanto en contextos de terrorismo de Estado como en contextos actuales. Y también sigue considerando que el femicidio es un tema de las mujeres. El Poder Judicial es un reducto machista casi diría por antonomasia, y entonces sigue reproduciendo y promoviendo valores patriarcales. Pero también empieza a haber un cambio y hay que apostar por eso: algunos agentes judiciales sí tienen un compromiso con lo que está pasando y entienden que en estos hechos no se trata de un asesino psicópata y de una víctima, sino de una cuestión social mucho más profunda y arraigada.

Los asesinatos de mujeres se inscriben en una cultura machista…

Efectivamente; creo que hay que entender que no estamos hablando de desviaciones individuales sino que hablamos de muertes que ocurren en un contexto que las promueve. Si no lo percibimos, el cambio no va a llegar nunca. De lo que nos están hablando todos estos casos es de una masividad espeluznante, y eso no puede darse solamente porque estén mal algunos hombres, sino porque existe un contexto cultural que lo promueve, lo que también pasa con las violaciones. La antropóloga e investigadora en género, Rita Segato, es muy clara sobre esto: la cultura promueve la sumisión de las mujeres, ellas valen menos que los varones y son cosificables. Entonces, se las puede violar, torturar, golpear y matar. Si no entendemos eso, no vamos a poder trabajar con la seriedad que requiere esta problemática. Por eso, desde nuestro equipo de trabajo, nos estamos planteando realizar entrevistas en profundidad a femicidas en el futuro, creemos que sin eso no vamos a poder completar el cuadro. El hilo conductor es que todos estos casos se dan en el marco de un contexto cultural que los está promoviendo. Si no empezamos a tomar eso como el componente principal, no vamos a poder decir basta.

“Qué se investiga en la universidad habla de cómo se posiciona frente a los temas de la agenda pública”

Consultada acerca de los recursos que puede aportar y el rol de la universidad en la problemática de la violencia de género, Ana Oberlin, directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, destacó que tiene un papel fundamental.

“Me parece interesante trabajar para que quienes son estudiantes e investigadores en la universidad elijan temas que tengan incidencia pública. Qué investigan los investigadores y los estudiantes habla de cómo se posiciona la universidad frente a los temas más importantes de la agenda pública, de cómo coloca temas en esa agenda y de cómo busca dar respuesta a esos temas”, concluyó.

Agregó además que trabajar en la generación y construcción de espacios de debate, como la Mesa de Diálogo para la Prevención de la Violencia de Género, es crucial. “Ese es un aspecto que no puede ser dejado de lado: trabajar en contacto con el pueblo, trabajar para que se conozca cuáles son los derechos de las mujeres, cuáles son los recursos de las mujeres para salir de situaciones de violencia y cuáles son las respuestas que les debe dar el Estado”.

Fecha de publicación: 15 octubre, 2015