Un estudio de la UNC indica que, en el período 2003-2013, el Estado Nacional realizó un giro significativo en sus políticas orientadas al desempleo. Esto no solo implicó un modo distinto de interpelar a los sectores más vulnerables de la población –reconociéndolos ahora como sujetos de derecho y trabajadores–, sino que también llevó a diferenciar entre dos tipos de políticas: las activas orientadas al empleo y las asistenciales. [25.02.2015]

Para conocer cómo el Estado Nacional trató la problemática del empleo/desempleo en la última década, Natalia Becerra y Karina Tomatis, investigadoras de la UNC, estudiaron el modo en que el Estado intervino en el mercado de trabajo y asumió las problemáticas derivadas de su dinámica.

Becerra puntualiza que, después de 2002, lo que se puso en discusión es la ‘forma Estado’, es decir, su papel en el interjuego entre las esferas económica y social, que en los años 90 aparecieron separadas como parte de la estrategia neoliberal y que tras la crisis de 2002 se rearticularon discursivamente desde las políticas estatales. El resultado fue que la problemática del empleo/desempleo comenzó a ser concebida como económica y social.

El material con el que trabajaron fue un gran número de comunicaciones emitidas entre 2003 y 2013 por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; el Ministerio de Desarrollo Social y la Presidencia de la Nación. Recurrieron a esas fuentes de información porque, según explica Becerra, «en el modo de definir una problemática se encuentra también la forma de darle respuesta”. 

Dos momentos

A partir del estudio de la “letra” de las políticas, para las autoras queda claro que la premisa general del período fue la “inclusión social a través del trabajo”. No obstante, advierten ciertas diferencias que permiten dividir ese gran lapso temporal en dos momentos, diferenciados tanto por los procesos económico-políticos en Argentina, como por la orientación en las políticas sociales y de empleo.

2003 – 2007 | En el primer subperíodo (2003-2007), las investigadoras observaron una apuesta fuerte por la reconversión de políticas sociales, alejándose de la línea asistencial, y la recomposición de derechos de los trabajadores, que habían sido devastados a partir de la última dictadura, a través de intervenciones directas sobre el mercado de trabajo como la restitución de las negociaciones paritarias. En términos económicos, predominaron las medidas orientadas al crecimiento a través de la reactivación productiva e industrial.

El movimiento principal en esta etapa fue la reclasificación de los beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados como “empleables” o “vulnerables”. Los primeros quedaron bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, cuyas políticas se orientan a la reinserción de los sujetos individuales en el mercado de trabajo. Los segundos –el sector compuesto por mujeres con hijos a cargo, discapacitados, hombres en edad productiva pero con más de quince años de desempleo– se ubicaron bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, que se orienta más al tutelaje de esos sujetos que quedan fuera del mercado y se dirige más a un sujeto colectivo.

Esta población reclasificada –tanto los “empleables” como los “vulnerables”– representa el “núcleo duro” de la desocupación, el que plantea el límite del capitalismo para absorber mano de obra y abre la pregunta por las responsabilidades del Estado frente a esa realidad. Para Becerra, el cambio discursivo más importante del último tiempo radica en la “forma en que este núcleo duro es tratado desde el Estado y construido como sujeto”.

2008 – 2013 | El segundo momento (2008-2013) está vinculado a la crisis internacional de 2008 y a la denominada “crisis del campo”. En este período, el Estado intensificó las medidas de tutelaje hacia los sectores trabajadores. Desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social aparecieron los jóvenes como uno de los principales destinatarios de los programas de capacitación para el empleo. Hacia el interior del Ministerio de Desarrollo Social, la población inicialmente clasificada como “vulnerable” cambió significativamente y los sujetos volvieron a ser nominados como sujetos trabajadores, o trabajadores desempleados. Aparecieron medidas de protección como el monotributo social, el acceso simplificado al seguro de desempleo y se promovieron los proyectos asociativos. Así, este grupo tradicionalmente relegado volvió a ser interpelado como “trabajadores”, pero que debían estar en cierto modo “tutelados por el Ministerio de Desarrollo Social, ya sea para lograr su inserción en el mercado de trabajo o para generar su propio empleo”, define Becerra.

Quizás en este punto está el giro discursivo más destacable de los últimos años. Becerra puntualiza que este cambio en la forma de nombrar e interpelar, sin obligar a los sujetos a demostrar una necesidad para recibir asistencia, implica reconocerlos como sujetos de derecho, como una población que se encuentra fuera del mercado de trabajo pero que se constituye y se nomina como trabajadora. “Para ellos ser nominados como trabajadores y sacarlos de su larga historia del estigma de ser los pobres, los asistidos, es todo un reconocimiento”, agrega.

Sin embargo, resalta que este proceso no fue ni es lineal ni unívoco. Las investigadoras parten del supuesto de que el Estado es necesariamente un espacio contradictorio y conflictivo, ya que en él se dan “luchas de poder y de disputa por la hegemonía” y –a la par de estos profundos cambios discursivos– detectan la continuidad de lógicas que se reconocen como huellas del ‘neoliberalismo’ y de los organismos internacionales de financiamiento en algunos modos discursivos, lógicas o prácticas de intervención social.

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Fecha de publicación: 12 febrero, 2015