Un grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC elaboró una “Cartografía de la Solidaridad”. Es un relevamiento de las acciones llevadas adelante en toda la provincia de Córdoba por casi 40 organizaciones sociales, que asisten y acompañan a más de 6.000 personas. Destacan el rol de estas entidades en la gestión de la crisis, en el acatamiento de las medidas de aislamiento, y en la generación de respuestas a las necesidades de las poblaciones que sufren carencias estructurales. Advierten sobre la necesidad de reforzar la presencia estatal en territorios de vulnerabilidad social. [10.03.2021]

Por la irrupción de la pandemia, hace casi un año se pusieron en marcha medidas sanitarias que implicaron cambios profundos en la vida cotidiana de millones de personas.

En Córdoba, el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) conllevó transformaciones que evidenciaron las dificultades que afrontan miles de familias para cumplir con las medidas de aislamiento y desarrollar, en paralelo, actividades para el sostenimiento de su vida cotidiana.

Estos problemas transparentaron profundas desigualdades estructurales: vastos sectores sociales atraviesan urgentes carencias alimentarias, falta de empleo y problemas de vivienda que recrudecieron situaciones de violencias de género e intrafamiliares.

En ese contexto, un equipo de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales elaboró una “Cartografía de la solidaridad” en la provincia de Córdoba.

• Notas vinculadas
• Un mapa colaborativo en construcción
• Solidaridad y cuidado comunitario, las estrategias de las organizaciones
• Desafíos y recomendaciones para el presente

Con esta herramienta, se logró registrar información actualizada sobre las necesidades de los sectores con mayor vulnerabilidad socioterritorial, así como del trabajo y las estrategias que desarrollan las organizaciones sociales en el marco de la pandemia de COVID-19.

La iniciativa se inscribe en una vasta trayectoria de vínculos con organizaciones territoriales que la Facultad de Ciencias Sociales viene construyendo desde años, tanto a través de sus programas de extensión e investigaciones, como desde las prácticas académicas de las cátedras, y del recientemente conformado Consejo Social de esa unidad académica.

“En el marco de la crisis profunda que significó la pandemia y las carencias dramáticas que vivieron y viven las comunidades, nos sentimos desafiados a dar continuidad al trabajo conjunto, y construir aportes concretos a las comunidades. Así surge la propuesta de la cartografía, como una herramienta que nos permitiera seguir trabajando con las organizaciones y acompañarlas en la crisis”, contextualiza Mariana Gamboa, una de las investigadoras del proyecto.

“Es importante reconocer que la crisis no fue, ni es, solo sanitaria. Tampoco la pandemia y las medidas sanitarias inauguraron la crisis social y económica. Es un proceso que se fue configurando desde la implementación de políticas neoliberales –con nuevo impulso durante el gobierno macrista–, que profundizó y ensanchó la pobreza y las desigualdades sociales”, afirma Susana Andrada, otra integrante del proyecto.

“Cuando llega la pandemia, los sectores populares en amplias franjas y movimientos sociales ya estaban organizados y demandando contra la retracción del Estado en políticas sociales y por el acceso a derechos”, completa Andrada.

Un mapa colaborativo en construcción

Para quienes participaron en el proyecto, la “Cartografía de la solidaridad” ha permitido actualizar una caracterización de muchas organizaciones sociales y los trabajos que vienen desarrollando, que en muchos casos debieron re-crearse para dar respuesta a las demandas y necesidades de las poblaciones en los territorios. Se trata de una herramienta de acceso libre, tanto para indagar como para incorporar nuevas organizaciones.

“Esta cartografía está siendo un registro de la capacidad organizativa de los sectores populares, una vez más puesta en juego para transitar una crisis de una envergadura inédita. También, de las ausencias y presencias del Estado a través de las diferentes políticas, constituyendo un saber que puede guiar mejores prácticas, diseños más acertados de políticas públicas y visibilizar sujetos, grupos y necesidades específicas”, describe Andrada.

En la primera etapa de desarrollo del proyecto –que se fue construyendo de manera consensuada– se cuenta con la participación de 38 organizaciones, como centros vecinales, organizaciones de base, ONG y fundaciones. A partir de este trabajo, se relevó que estas diversas organizaciones acompañan a más de 6.000 personas que viven en Córdoba.

El registro permitió reconocer que las personas que acceden de modo central a recursos, servicios o cuidados producidos por las organizaciones, son quienes están en posiciones de mayor desigualdad social, como niñas y niños, jóvenes y mujeres, en quienes los efectos de la crisis social agudizada por la pandemia fueron más profundos.

“Son las mujeres, jóvenes y adultas, quienes de forma mayoritaria realizan el trabajo territorial. Son sus saberes en torno a los cuidados y el trabajo con otras personas, formas de tejer redes, y crear estrategias colectivas las que se ponen en juego en comedores, merenderos, apoyo escolar, gestión de recursos, acompañamientos a enfermos y demandas a las instituciones”, precisa Ana Laura Elorza, directora del proyecto.

Otro aspecto destacable que surge del registro alude a los recursos económicos o aportes para sostener el desarrollo del trabajo: el 50% de las organizaciones indicaron tener aportes externos, provenientes del Estado, en general del Estado nacional.

Para Virginia Monayar, integrante del proyecto, el mapeo permite visualizar dónde están ubicadas las organizaciones en el espacio y los territorios donde tienen incidencia.

La investigadora destaca que si bien la mayoría de las organizaciones se localizan en la ciudad de Córdoba, también se registraron actividades en otras localidades. A su criterio, esto permite reconocer, por un lado, aspectos estructurantes de la crisis en estos territorios con múltiples vulnerabilidades de derechos; por otro lado, las particularidades que fueron asumiendo las organizaciones para afrontar la reconfiguración de demandas y estrategias de cuidados para la vida.

“Consideramos que las cartografías son una forma de encontrarnos, de registrar trayectorias de luchas y trabajo, y también vulneraciones. Son herramientas que condensan en un tiempo-espacio las formas del estar y el hacer. Habilitan a pensar estrategias de articulación y construcción de redes de organizaciones para compartir agendas de trabajo, acciones en conjunto, saberes y conocimientos construidos en las prácticas en esta coyuntura, como de incidencia en la política pública”, analiza Monayar.

Solidaridad y cuidado comunitario, las estrategias de las organizaciones

A partir de la elaboración de la cartografía, el equipo detectó procesos sociales que significaron soluciones colectivas a las urgencias y que dan cuenta de la fortaleza del entramado social y comunitario.

“Frente a las dificultades, estas organizaciones sociales respondieron con un nivel de capacidad organizativa, solidaridad y creatividad impactantes. Son esas fuerzas las que han permitido sostener la vida en los sectores populares, en sus variadas dimensiones”, interpreta Ana Laura Elorza.

Miguel Genti, otro de los integrantes del proyecto, completa: «Estas acciones mitigaron las situaciones dramáticas que transitaron los sectores populares, fueron y son valiosas, pero en ningún caso suficientes, se requiere de la presencia estatal”.

Ante la emergencia alimentaria, se fortalecieron múltiples espacios de alimentación, debido a que las demandas alimentarias crecieron exponencialmente. “Según mencionan algunos referentes, el aumento de la demanda de alimentos ha girado en torno al 50%, por lo que los recursos no son suficientes para responder a esa demanda”, grafica Elorza.

La mayoría de las organizaciones que están registradas en la cartografía demandan alimentos, aunque solo 16 son comedores/merenderos/copas de leche, mientras que el resto no tiene lo alimentario como eje central de trabajo, o directamente no era una tarea ni objetivo antes de la pandemia.

Además, el aislamiento representó nuevas dificultades o una reconfiguración de esas dificultades en diferentes dimensiones de la vida cotidiana, como los cambios en las modalidades de encuentro para las actividades escolares, laborales, recreativas y sociales, ahora mediadas por la virtualidad, a través de un dispositivo tecnológico. Esta situación se volvió relevante y una de las demandas que más se hizo sentir. En muchos casos se trata de falta de acceso a capacitaciones, estudios, trabajo, entre otros, tanto por la escasez de dispositivos, como de conectividad a redes o de manejo de las tecnologías.

“Ante ello, las organizaciones priorizaron el sostenimiento de los vínculos con las personas en los territorios desde la virtualidad; se realizaron diversas acciones tales como: el acompañamiento educativo en las viviendas de cada estudiante, Facebook barrial y comunicación telefónica individual para la difusión de información, apoyo escolar virtual”, enumera Elorza.

Según destacan integrantes del grupo de investigación, otra línea de trabajo que desarrollaron las organizaciones giró en torno a medidas y acciones de promoción y prevención de la salud, con foco en el COVID-19, pero sosteniendo también abordajes de educación sexuaI integral, y en la campaña por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

Desafíos y recomendaciones para el presente

En el marco de la elaboración de la cartografía, el grupo de investigación reconoce la necesidad de que haya una mayor presencia estatal frente a los problemas de los sectores populares, aunque advierte sobre la necesidad de que las organizaciones sociales sean escuchadas.

Si bien reconoce la importancia del conjunto de políticas impulsadas por el gobierno nacional –como la rápida implementación de programas de transferencias monetarias o el reconocimiento de sectores con necesidades específicas de apoyo–, advierte que en Córdoba, sin embargo, el movimiento fue contrario a las políticas de transferencia, y se desactivaron programas como “Córdoba con ellas”, “Confío en vos”, o el “Primer Paso”, por ejemplo, que representaban recursos indispensables para el sostenimiento de muchas familias.

“La coyuntura actual exige mayor presencia del Estado a través de políticas públicas con perspectiva de derecho, orientadas al abordaje integral, intersectorial con horizontes de la creación y sostenimiento de condiciones dignas de vida para las y los sujetos”, reflexiona Elorza.

Para la definición de estas acciones, las organizaciones sociales “son actores centrales”. Elorza destaca que no se debe pensar a las organizaciones como actores que pueden simplemente paliar las ausencias estatales, sino que deben ser reconocidas como actores que producen saberes sobre el cómo y el qué hacer frente a necesidades en los territorios. “Ese saber tiene que estar presente a la hora de pensar programas y políticas”, complementa Elorza.

Para la directora del proyecto, muchas de las organizaciones que activaron sus fuerzas, sus estrategias para afrontar la pandemia y la crisis, nos muestran otros modos posibles: lo comunitario, la defensa de la tierra, la producción con trabajo digno, los alimentos saludables, el reconocimiento de la igualdad de mujeres y diversidades.

“Aparece una fuerza y una convicción, deseos de un país, un mundo donde se viva bien, donde la salud sea un bien común, donde el Estado sea un ordenador social que respete y cuide a los comunes. Y da mucha esperanza ver que en lo colectivo está la clave”, finaliza Elorza.

Fecha de publicación: 10 marzo, 2021