Propuesta colectiva para proteger 5,3 millones de hectáreas de bosques y vegetación autóctona en situación de riesgo
Córdoba posee una superficie de 16,5 millones de hectáreas. En los últimos 30 años, la provincia registró una de las tasas anuales de pérdida de bosque nativo más elevadas del mundo, fundamentalmente por la extensión de la frontera agrícola, la tala para obtención de madera, el sobrepastoreo, la actividad minera, la urbanización inadecuada, los incendios forestales y el drenado de bañados y lagunas, entre otras causas.
Todo ello explica que de las 12 millones de hectáreas que ocupaba ese patrimonio natural originario, hoy sólo queden 594 mil hectáreas de bosques, lo que representa sólo el 3,6% de toda la extensión provincial. A eso se suma que la vegetación nativa remanente, conformada por arbustales, matorrales, sabanas y pastizales, apenas cubre 1,9 millones de hectáreas.
Trabajos científicos advierten que la pérdida del ecosistema boscoso por debajo de un 25% de su extensión original desencadena una disminución de los servicios que presta al medio ambiente, tales como captación de agua, protección del suelo, regulación del ciclo de nutrientes, balance atmosférico del carbono, reducción de efectos del cambio climático global y aporte de productos naturales de valor social, cultural y comercial.
En Córdoba, el cercenamiento del bosque nativo no sólo provocó la contracción de la biodiversidad y los recursos naturales, sino que ha alterado suelos, degradado cuencas y disminuido el aporte de agua, lo que consecuentemente deriva en la exclusión de comunidades indígenas y campesinas y la pérdida de su identidad cultural.
Una propuesta consensuada de ordenamiento en Córdoba
Sobre este cuadro de situación se asienta la urgencia de establecer el instrumento legal que regule el uso del suelo y resguarde las zonas geográficas cuya vegetación se encuentre en situación de riesgo. La ley de Prespuestos Mínimos de Conservación de Bosque Nativo (26.331), sancionada por el Congreso Nacional en 2008, brinda el marco general para proteger ese patrimonio natural, a través de un ordenamiento territorial que debe realizar cada provincia incluyendo la opinión de su población.
Ésa fue una de las tarea que encaró la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN) convocada por la Secretaría de Ambiente de Córdoba en noviembre de 2008, e integrada por representantes gubernamentales, académicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y otras casas de estudios superiores, movimientos y agrupaciones campesinas, ambientalistas y organizaciones no gubernamentales (ver recuadro "La Comisión…).
El trabajo de la COTBN implicó la elaboración de un diagnóstico de la situación actual de la biodiversidad en el territorio provincial. Para ello emplearon imágenes satelitales del invierno de 2007, previas a la veda forestal que comenzó con la aprobación de la ley 26.331. Esto permitió advertir a los especialistas que en Córdoba ya no existen los bosques nativos originales, que se conocen como prístinos. En cambio identificaron cobertura de bosques secundarios -en diferentes estados de conservación- y vegetación nativa que, si bien no es bosque actualmente, con medidas de recuperación pueden llegar a serlo.
La COTBN desplegó su tarea con una metodología fundamentada en el consenso y promoviendo la participación de todos los sectores involucrados. Llevó adelante talleres regionales en las localidades Sebastián el Cano, Río Cuarto, Cruz del Eje, Ballesteros, Villa General Belgrano, Villa Dolores y Río Ceballos, para fortalecer el debate y el intercambio de opiniones. El resultado final es el proyecto de ley que fue presentado el 21 de mayo en una audiencia pública a la que concurrieron 800 asistentes y que contó con una treintena de oradores, quienes expresaron en su mayoría su apoyo a la iniciativa elaborada.
El proyecto de ley en detalle
El proyecto propone un ordenamiento territorial que procura regular la expansión de la frontera agropecuaria, minera y urbana o cualquier cambio de uso del suelo. Su espíritu es promover la conservación del bosque nativo e instrumentar medidas para evitar su disminución al tiempo que procura fomentar su recuperación, todo ello a fin de mantener la biodiversidad y los procesos ecológico-culturales que se producen en su seno. [Descargar el proyecto en formato pdf]
El punto de partida de la propuesta de legislación es la declaración de la emergencia forestal para el territorio provincial, que brinda el marco óptimo para la aplicación de las medidas que despliega en su extenso articulado.
En este sentido, el texto define tres categorías de conservación. La primera (Categoría I – Rojo) corresponde a sectores de muy alto valor de conservación cuyo uso del suelo no debe transformarse. Se trata de ubicaciones con valores biológicos sobresalientes e incluye áreas ubicadas en reservas o próximas a ellas, márgenes de arroyos y ríos (250 metros desde la línea de ribera a cada lado), lagos y lagunas (250 metros desde el borde), médanos, humedales, bordes de salinas (hasta una distancia de los ocho kilómetros de su emplazamiento) y zonas de pendiente mayor a 5% (esto último para evitar la aceleración de la erosión y la desertificación).
En la segunda (Categoría II – Amarillo) quedaron incluidos los espacios en distintos estados de conservación que no deben alterarse por su nivel de degradación o por encontrarse en estado de recuperación, y que con las medidas adecuadas podrían convertirse en zonas de alto grado de conservación. Son básicamente áreas de vegetación nativa sin cobertura boscosa, pero con potencial de recuperarla (arbustales, matorrales, sabanas, pastizales, etcétera).
Y la tercera (Categoría III – Verde) comprende los sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse total o parcialmente, aunque dentro de los criterios que fija la ley.
De acuerdo a los estudios efectuados por la COTBN, 3,98 millones de hectáreas deberían se encuadradas dentro de la categoría I, y 1,36 millones dentro de la II. De sancionarse el proyecto, se estarían protegiendo en total 5,3 millones de hectáreas sobre las cuales no se podrían practicar cambios en el empleo del suelo ni desmontes.
La iniciativa exceptúa del cumplimiento de la ley a los aprovechamientos de diez hectáreas o menos que pertenezcan a comunidades indígenas o productores campesinos. Por otra parte, prohíbe el uso de biocidas o plaguicidas en las zonas de conservación Categoría I y II, así como la descarga de contaminantes sólidos, líquidos o gaseosos.
Además, crea un fondo que estará constituido con partidas nacionales provistas en el marco de la ley 26.331, recursos provinciales (no menos del 0,3% del presupuesto provincial), préstamos de organismos nacionales e internacionales, donaciones y recaudación de multas entre otras fuentes. El 70% de ese fondo será destinado a compensar a los titulares del bosque nativo encuadrados en la categoría I y II, y se concede por el hecho de que la protección de la zona puede afectar la productividad del propietario. El 30% restante será empleado para el funcionamiento del Programa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
En cuanto a la fiscalización, junto a las instancias gubernamentales que deberán velar por el cumplimiento de la ley, la COTBN propuso la creación de un cuerpo de voluntarios guardianes que colaboren en esta tarea, de manera que cualquier ciudadano pueda participar en la protección del bosque nativo. Y con la misma lógica, equipara las denuncias de desmonte a las de fuego forestal, a fin de que no existan dilaciones en la respuesta de las autoridades ante esas situaciones.
El articulado prevé que todo proyecto de cambio de uso del suelo o manejo sustentable del bosque nativo deberá reconocer y respetar los derechos de las comunidades indígenas originarias de la provincia o sus descendientes, así como de los derechos de los campesinos que conviven con esos bosques.
Crea además un registro provincial de infractores que funcionaría coordinadamente con el existente a nivel nacional creado por la ley 26.331. El listado deberá estar accesible al público e incluido en la página web de la autoridad encargada de la aplicación de la ley.
Respecto a los desmontes autorizados con anterioridad a la ley nacional 26.331 y que a la fecha de promulgación de la propuesta elaborada por la COTBN no se hubieran concretado, se postuló que deberán ser evaluados a fin de armonizar los derechos adquiridos con lo establecido por la ley y su reglamento a fin de ratificar las autorizaciones concedidas. Y prohíbe cualquier desmonte hasta la reglamentación de la normativa, que debería llevar adelante el Poder Ejecutivo en un lapso no mayor a los 90 días desde la promulgación de la ley.
"Esta posibilidad es histórica, porque representa una instancia que nunca se dio en Córdoba y donde pudimos ser consultados por la letra de nuestras leyes para poder conservar nuestro ambiente". La frase pertenece a Alicia Barchuk, docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC y coordinadora de la COTBN. En su presentación, la especialista destacó que el proyecto de ley es resultado del consenso, el compromiso y la solidaridad con el ambiente, al tiempo que destacó la representatividad que tuvo la Comisión, donde estuvieron la mayoría de los sectores preocupados por la conservación y recuperación del bosque nativo cordobés.
La COTBN estuvo conformada por la Unidad Ejecutora para Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba, Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentos de la Provincia de Córdoba, Secretaría de Turismo de la Provincia de Córdoba, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Programa Social Agropecuario (PSA – SAGPyA), Universidad Nacional de Córdoba (Programa de Espacio Rural de la Secretaría de Extensión, ISEA, IMBIV, CERNAR, GI-OTP, MAM, SPCB, CER, AAAM, CPA, Escuela de Biología), Universidad Nacional de Río Cuarto, Universidad Nacional de Villa María, Universidad Católica de Córdoba, Administración de Parques Nacionales, Federación Agraria Argentina, Movimiento Campesino de Córdoba, y las ong´s FUNAM, CEDHA, Ecosistemas Argentinos, Grupo Escalera, Wichan, PCRSC, Foro de los Ríos, Fundación Conydes y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba, entre otros.
EL DESAFÍO DE LA FUTURA LEY
"A Córdoba, ya no le queda margen: estamos al borde del abismo". La frase de Raúl Montenegro, docente de la UNC, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente e integrante de la COTBN, trazó sucintamente el delicado estado en que se encuentran los bosques de la provincia y la urgencia en establecer un marco regulatorio.
En sea línea, Montenegro reconoció que a partir de la elaboración de la propuesta de ley comienza el trabajo más arduo. "Se necesitará una presión muy fuerte para que los intereses mezquinos, que en el pasado lastimaron los bosques, no rompan el espíritu de este proyecto, que con toda legitimidad terminó siendo la ley de todos", puntualizó.
APOYO
Finalizada la presentación del proyecto, una treintena de oradores se sucedió para expresarse sobre la propuesta elaborada por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
SANDRA DÍAZ | Docente de la UNC, investigadora del Conicet en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, directora del núcleo DiverSus de investigadores en biodiversidad y sustentabilidad, integrante del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (Premio Nobel de la Paz 2007). "El avance a gran escala de la agricultura y ganadería industrial, así como la expansión de complejos urbanos sobre los bosques nativo tienen consecuencias serias, no sólo por la pérdida de diversidad de especies animales y vegetales, sino por la disminución severa de los beneficios que prestan a la sociedad. Hoy muy pocas personas discuten el valor estratégico, actual y futuro, de conservar los bosques primarios. Su protección no genera tanto conflicto social porque los que todavía existen tiene una escasa superficie. Los bosques secundarios, en cambio, sí ocupan grandes extensiones en Córdoba y su valor social es muy poco conocido. Generalmente se los denomina bosques degradados y se argumenta que el desarrollo de agricultura y ganadería comercial sobre ellos conlleva el desarrollo económico. Sin embargo, nuestras investigaciones muestran claramente que brindan servicios ecosistémicos fundamentales, no sólo para las familias rurales de subsistencia, sino para toda la sociedad: son fuente de alimento y seguridad alimentaria a la gente del campo, proveen objetos culturales propios de nuestra sociedad, regulan la calidad del agua y amortiguan las condiciones climáticas. En vistas al cambio climático global, estos bosques secundarios almacenan cantidades considerables de carbono y muchos generan ingresos como recursos ecoturísticos. Además, tienen una gran capacidad de recuperación. Por eso quería expresar que, según los datos que tenemos, el reemplazo a gran escala de los bosques secundarios por prácticas ganaderas y agrícolas intensivas, bajo la excusa de que no tienen ninguna utilidad, no sólo es un argumento socialmente sesgado, sino ecológicamente incorrecto".
MAURA KUFNER | Directora del Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la UNC (Cernar). "La audiencia pública, así como la eficiente llegada y expeditiva aprobación del proyecto de ley de ordenamiento territorial de bosques nativos de la provincia de Córdoba impulsado desde la COTBN, necesita todo el apoyo de la autoridad de aplicación en el tema. Se trata de generar cambios sustanciales en la racionalidad de desarrollo armónico y sustentable para el bien de la sociedad en su conjunto. En el marco de las políticas de apertura hacia la sociedad que promueve la conducción actual de la UNC, el Cernar deja constancia fehaciente de su total apoyo y acompañamiento al trabajo de la COTBN, así como a la aprobación del proyecto de ley una vez consensuado socialmente y a la vigilancia de su implementación y cumplimiento".
GRISELDA BALDATA | Diputada nacional. "Ingresé a la Cámara cuando el proyecto de ley que había presentado Miguel Bonasso tenía un mes de sancionado. Durante 2008 acompañé a su autor y junto a otros legisladores reclamamos su reglamentación. Tuvo que ocurrir la tragedia de Tartagal para que efectivamente se reglamentara, pero esto se logró y por eso estamos hoy aquí, en presencia de este fantástico y formidable mecanismo de participación democrática y popular en la sanción de una futura ley. Desde la Cámara de Diputados, venimos a ratificar nuestro compromiso de velar y controlar el efectivo cumplimiento de la ley nacional y a acompañar para que se apruebe lo que aquí se ha planteado como legislación provincial. Debo felicitarlos. Este ámbito, donde confluyen organizaciones sociales, estudiantes y la universidad , da muchas esperanzas a los dirigentes o militantes políticos de que otra provincia y otro país es posible.
SILVIA RIVERO | Legisladora de la provincia de Córdoba. "Es un gusto participar en este proceso de participación democrática, genuino y auténtico, no fabricado. Desde el bloque de Concertación Plural, asumimos el compromiso de luchar por este proyecto en el seno de la Legislatura. Pero también es necesario un trabajo previo para lograr los consensos que posibiliten reflejar el espíritu y la letra de este proyecto en la ley que finalmente se sancione. Esta legislación tiene una importancia fundamental en la preservación de la vida, no sólo de los bosques, sino de calidad de vida y de seguridad ciudadana".
ENRIQUE ASBERT | Legislador de la provincia de Córdoba. "Quiero llamarles la atención y pedirles su apoyo: será imposible aprobar este proyecto sin la presencia movilizada y militante de quienes estamos aquí, junto a los miles que están detrás de nosotros. Hemos tenido algún éxito desde el punto de vista ambientalista en la Legislatura de Córdoba. Tenemos una ley con la prohibición de las explotaciones metalíferas a cielo abierto, pero seamos conscientes, no hay grandes productores mineros que representen un poder económico de tal naturaleza que se pudieran oponer a un avance de las organizaciones ambientalistas. Pero aquí peleamos contra la patria sojera: el poder económico más fenomenal que se ha originado en los últimos 50 años en el país. Creo que después de mucho transpirar la camiseta, conseguiremos la aprobación de este proyecto, pero luego deberemos controlar efectivamente su cumplimiento".
