Dos fenómenos contribuyen a profundizar esta situación de sobrepoblación, violencia y vulneración de derechos en las cárceles.
Uno de ellos, según apuntan los docentes de la cátedra de Criminología, es “una política de mayor encarcelamiento” por parte del Gobierno de la provincia de Córdoba, razón por la cual el sistema penitenciario llegó a contar con 5.994 personas detenidas (91% de ellas correspondientes a la jurisdicción provincial, el resto a disposición de la Justicia Federal). Esta situación dista mucho de lo que ocurre Santa Fe, una provincia con características similares a las de Córdoba pero que, sin embargo, cuenta con 2.572 internos, un 57% menos.
En segundo lugar, el 53% de las personas detenidas en Córdoba está procesada, mientras el 47% restante cuenta con condena. “La aplicación de la prisión preventiva como regla y no como excepción, combinada con la no aplicación o concesión restrictiva de medidas de externación (prisiones domiciliaríais salidas transitorias, entre otras), producto de una política coincidente del Servicio Penitenciario y de los órganos jurisdiccionales, agrava la situación de sobrepoblación en las cárceles de Córdoba”, puntualizó el informe.
