“América Latina tiene las leyes contra el aborto más restrictivas del mundo”

De todas las regiones del mundo, América latina posee las leyes más prohibitivas contra el aborto. En países como Chile, El Salvador , Nicaragua y República Dominicana esta práctica está totalmente prohibida, aún si la continuidad del embarazo pone en riesgo la vida de la mujer: atrapados por la ley, los médicos la dejan morir. En Argentina, el aborto es considerado un delito y, salvo unas pocas excepciones (en caso de violación de una mujer idiota o demente, o cuando peligre la salud de la mujer), está prohibido por el Código Penal en los artículos 85 al 88. Pese a ello, en el país se producen entre 460 mil y 600 mil interrupciones voluntarias de embarazo por año, lo que significa casi un aborto por nacimiento, según una investigación encargada por el Ministerio de Salud de la Nación y, por primera vez, realizada a través de métodos científicos validados internacionalmente. Las cifras son contundentes y demuestran que, en la práctica, no existe ley ni pena que haga desistir a una mujer de realizarse un aborto si esa es su decisión.

El derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y su maternidad es un reclamo largamente sostenido por distintos sectores y organizaciones de la sociedad civil. A fines de 2011, el tema llegó hasta el Congreso de la Nación, donde estuvo a punto de tratarse un proyecto de despenalización del aborto, pero su debate pasó para este año por falta de quórum. Pese a que su solo tratamiento en el recinto marcaría un hecho histórico, lo central es que el proyecto reabrió la posibilidad de un debate social postergado durante mucho tiempo, en el que se cruzan cuestiones éticas, políticas, religiosas y económicas, sumadas a cierto sentido público de la hipocresía.

Para abordar con mayor profundidad el tema, dialogamos con el médico chileno Aníbal Faúndes, un reconocido experto en derechos sexuales y reproductivos que desde hace 25 años trabaja en Brasil. Faúndes estuvo en Córdoba meses atrás, invitado por la Universidad Nacional de Córdoba para dar una charla. En la oportunidad, conversamos con el especialista acerca de la realidad del aborto en todo el territorio latinoamericano, una problemática que conoce de cerca.

-¿Cómo ve el tema del aborto a nivel legal en Latinoamérica?

-América Latina es la región del planeta donde las leyes que restringen el aborto son las peores. Tiene cinco de los ocho países del mundo donde no permiten el aborto en ninguna circunstancia y, con excepción de Cuba, Colombia y Ciudad de México, en México, todos los demás países dicen que el aborto es un crimen. En la práctica, en Latinoamérica ninguna mujer, aunque cumpla con los preceptos legales, tiene acceso al aborto en hospitales públicos.

-Pero sí en los hospitales privados…

-Todos sabemos que en los nosocomios privados el aborto seguro es accesible para la mujer que tiene dinero. Entonces, cuando reclamamos el derecho al aborto, en realidad reclamamos el derecho a la igualdad, la equidad y la justicia. No puede ser que la sociedad condene selectivamente a un grupo de mujeres pobres a no poder realizarse un aborto seguro, que son las que terminan sufriendo los graves efectos negativos de la legislación restrictiva. Se está violando el principio bioético de justicia. Además, esta legislación restrictiva sólo penaliza a la mujer y no al hombre, quien comparte la responsabilidad por el embarazo no deseado y es quien muchas veces la presiona para que aborte.

-En la vereda contraria están quienes sostienen que la vida comienza en el momento de la concepción y que esa vida debe ser protegida y tiene derechos.

-La cuestión es hasta dónde el embrión o feto en formación puede considerarse legítimamente una persona y si tiene derechos que se sobreponen al derecho de la mujer. Es difícil aceptar que la célula que surge de la fertilización, cuando se unen un óvulo y un espermatozoide, tenga más derecho que una mujer. Pero también es difícil aceptar que una mujer tenga total autonomía sobre su cuerpo hasta el final de su embarazo. Hay todo un continuo desde el momento de la fertilización hasta el nacimiento del bebé en que los derechos de ambos entran en equilibrio.Para Faúndes, determinar el momento en el cual un embrión pasa a adquirir derechos iguales a los de la mujer es, en última instancia, una discusión moral sobre la que nunca será posible llegar a un acuerdo unánime. La mayoría de los países que legalizaron el aborto lo permiten hasta las 12 semanas de gestación. Según explica el obstetra chileno, esto se debe fundamentalmente a que “hasta las 12 semanas, con absoluta seguridad, el feto no tiene ningún tipo de actividad nerviosa ni cerebral, porque el cerebro no existe todavía. Se considera que dentro de este plazo, el derecho de la mujer se sobrepone al del feto”. Al margen de ello, hay un aspecto que parece estar fuera de discusión: ninguna mujer está “a favor del aborto” ni lo promueve, se trata siempre de una situación dolorosa que ninguna mujer desea atravesar, ni siquiera las que interrumpen voluntariamente su embarazo.

Circunstancias particulares

De acuerdo a Faúndes, las encuestas realizadas en América Latina indican que la mayor parte de la población no está de acuerdo con el aborto realizado en cualquier circunstancia, y que la mayoría conoce a alguien que decidió terminar con su embarazo. Sin embargo, cuando se les pregunta si esa mujer debería ir a la cárcel (tal como lo establece la ley, al tipificar el aborto como un delito), curiosamente responden que no. “Están diciendo, entonces, que el aborto no debería ser punible en cualquier circunstancia. Lo que pasa es que cuando se trata de una persona que conocen, saben por qué lo hizo y piensan que sus circunstancias fueron particulares. Lo que la gente no piensa es que, para cada mujer que se hace un aborto, sus circunstancias son tan absolutamente excepcionales que ella y solo ella las puede juzgar, y justifican moralmente interrumpir su embarazo. Lo que no significa que esa mujer promueva el aborto, ella hubiera preferido no tener que pasar por ese embarazo que la llevó a abortar”, reflexiona.

-¿Qué diría contra las posiciones que sostienen que la legalización del aborto derivaría en un aumento de su número?

– Creer que la legalización va a incrementar la cantidad de abortos es un prejuicio, un temor infundado. Sólo para mencionar un ejemplo: el programa uruguayo “Iniciativa Sanitaria” sobre reducción de riesgos y daños en embarazos no deseados, que inicialmente se puso en marcha el hospital Pereira Rossell , el principal de Montevideo, y luego se transformó en un programa de gobierno. Comenzó en 2002 y se basa en el derecho de toda persona a recibir información, con resultados excelentes: desde 2008 no se registró ni una sola muerte por aborto inseguro en Uruguay, y esto sin que aumente el número de abortos.

-En Argentina, muchas veces los médicos se encuentran ante la situación de tener que realizar abortos que están permitidos por la ley y aún así tienen temor o se oponen a practicarlo. ¿Cómo observa la situación de estos profesionales a nivel regional?

-La situación es la misma en casi todos los países de América Latina. Lo que pasa es que los médicos creemos que tenemos derecho a decidir por encima de la ley, alegando objeción de conciencia. Lo hacen creyendo que si ellos practican un aborto, van a ser condenados por sus pares y la sociedad. Sin embargo, en Argentina, Brasil y Perú hicimos estudios que muestran que, cuando un médico o su pareja tienen un embarazo no deseado, el 80 por ciento aborta. O sea que su actitud consigo mismos es mucho más permisiva que con el resto.

Las respuestas diferenciadas del profesional de la salud ante un aborto realizado a su pareja y el que deben practicar, por ejemplo, a una niñita que ha sido violada se inscriben en el marco de una formación académica en la que no se discute el tema. En este sentido, Faúndes apunta que en la carrera de Medicina “no se habla sobre el aborto, como si no existiera, aunque alcance a la mayor parte de las personas alguna vez en su vida”. Esta falta de información, discusión y debate sobre la problemática del aborto es la que permite continuar pensando erróneamente que las mujeres no abortarán si está prohibido hacerlo. Aunque la realidad se encargue de mostrar, una y otra vez, que la ley no tiene la más mínima influencia en determinar si una mujer va a interrumpir o no su embarazo.

Por Candela Ahumada | cahumada@comunicacion.unc.edu.ar