Un trabajo interdisciplinario muestra cómo los cambios urbanísticos y territoriales llevados a cabo en las sierras de Córdoba alteraron las condiciones naturales que proveen de agua a millones de habitantes. El estudio muestra la importancia de las organizaciones sociales para frenar el problema y propone alternativas hacia otro modelo de desarrollo urbano que no degrade su principal capital natural. [25.08.2021]

Con el objetivo de aportar desde lo metodológico al entendimiento de lo que sucede en el territorio, un equipo científico de la UNC y Conicet realizó un trabajo que recopila resultados de diversas investigaciones sobre los cambios en los usos del suelo de Córdoba y sus impactos en la provisión de agua.

Sus integrantes coinciden en que el modelo de desarrollo urbano imperante en las sierras de Córdoba avanza provocando un desequilibrio sobre el capital natural que lo sostiene.

• Notas vinculadas
• Mudaron la ciudad a las sierras
• El agua no nace en la canilla
• Lucha por el agua y el bosque
• Reflexiones para pensar alternativas

El trabajo muestra que el sector inmobiliario impuso las reglas de expansión de la mancha urbana al fomentar el desarrollo de barrios cerrados, housing y urbanizaciones situadas fundamentalmente en la parte alta de las cuencas, dado su alto valor paisajístico.

Este proceso trajo aparejado consigo el incremento de los desmontes, los incendios, y la contaminación, entre otros aspectos que afectan seriamente la dinámica hídrica de la región y la disponibilidad de agua.

“Tratamos de reflejar que el paisaje está modelado por el mercado y eso tiene consecuencias sociales, ambientales y económicas”, explica Fernando Barri, uno de los autores de la publicación y profesor de la cátedra Problemática Ambiental en la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la UNC.

“El desarrollo urbano de las sierras está impulsado por la creciente demanda de grupos de alto poder adquisitivo de acceso a zona vírgenes para habitarlas de manera exclusiva. Esto produce una serie de transformaciones, porque para urbanizar hay que impermeabilizar, generar servicios, y esos lugares terminan convirtiéndose en cemento: el paisaje natural se modifica radicalmente y hay menos superficie para la captación de agua”, agrega el investigador.

Barri sostiene que en Sierras Chicas este proceso se dio de manera vertiginosa. Así, la mayor parte de los poblados serranos cercanos al Gran Córdoba fueron perdiendo su identidad turística y paisajística, a costa de transformarse en núcleos dependientes de los servicios de la gran urbe o de subsumirse a sus dinámicas, tales como los servicios de salud, educación, fuentes de trabajo y producción.

Mudaron la ciudad a las sierras

El modelo de desarrollo urbano-centrista regional toma por centro a la capital provincial y piensa a las regiones del valle de Punilla, al corredor de las Sierras Chicas y al valle de Paravachasca como estructuras dependientes de la ciudad capital.

“En base a la Ley de Bosques, el gobierno provincial debería proteger las zonas en categoría roja o amarilla. En los últimos años, sin embargo, fue aprobando loteos de barrios cerrados en porciones de bosque nativo resguardados bajo esas categorías”, explica Emiliana Martina, becaria postdoctoral del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad de la UNC y Conicet.

Según la especialista, eso generó el descontento de gran parte de la población residente en las zonas serranas y derivó en un escenario de conflictos territoriales –aún en disputa– entre grupos autoorganizados de la sociedad civil, el Estado y un sector del empresariado inmobiliario.

La investigación muestra que algunos de esos proyectos urbanísticos ya están en marcha y poseen incluso canchas de golf, que demandan un altísimo consumo de agua.

Algunas otras iniciativas de barrios cerrados en zonas de bosque nativo fueron momentáneamente frenadas por la Justicia y otras están en disputa debido a las acciones de índole administrativa y política interpuestas por vecinos y asambleas de la ciudadanía.

En general, se trata de procesos que empezaron cuando no había leyes concretas, ni claridad por parte de la ciudadanía sobre las consecuencias de esos desarrollos.

Con el tiempo, se avanzó con legislación a nivel provincial. En 2014 se sancionó la ley 10208, según la cual los emprendimientos cuya envergadura pueda producir un impacto ambiental deben someterse a una evaluación de impacto ambiental y una audiencia pública. Además, recientemente algunos municipios empezaron a crear normas propias y ordenanzas.

“Las urbanizaciones que lograron instalarse se adelantaron a los Estados y las leyes. De las que llegaron más tarde, algunas lograron ser frenadas y otras están en un limbo jurídico -administrativo. La posibilidad de suspenderlas tiene que ver con la resistencia y el accionar de las organizaciones sociales, que hoy están mucho más preparadas para enfrentar estas situaciones y presionar a los Estados locales”, complementa Barri.

No obstante, a los mega emprendimientos se les suma lo que el equipo de investigación define como una “sangría diaria”: pequeñas urbanizaciones en las serranías, menores a 10 hectáreas.

“Como los grupos desarrollistas no quieren ir a una audiencia pública y a un estudio de impacto ambiental, venden lotes de una o dos hectáreas y la persona propietaria construye. Pero nadie controla si esto ocurre en una zona protegida por la Ley de Bosques. Esa pequeña sangría se está dando todos los días”, apuntan.

“Por las consecuencias de estos proyectos en términos de afectación del territorio hidrosocial, comenzaron a surgir un conjunto de resistencias”, apunta Joaquín Ulises Deon, doctorando en Estudios Urbano-Regionales y en Estudios Sociales Agrarios, en la UNC.

Entre ellas, menciona dos. Por un lado, las asambleas socio-ambientales que defienden las cuencas y el agua, visibilizan y denuncian los desmontes, así como la contaminación de cursos de agua y las obras no habilitadas. Por el otro, estrategias de hábitat autónomas y autogestivas desde lo local, que impulsan, por ejemplo, el planeamiento urbano territorial participativo, la bioconstrucción y formas sustentables de habitar las sierras.

El agua no nace en la canilla

Gran parte de la provincia de Córdoba se ubica geográficamente en la región semiárida del país, con una media de 800 mm anuales de precipitaciones, concentradas en el período estival.

El agua que abastece a la gran mayoría de quienes habitan en Córdoba proviene de las cuencas serranas (las Sierras Grandes y las Sierras Chicas). Ellas captan el agua de lluvia mayoritariamente en su parte media-alta (entre los 550 y los 2.890 metros sobre el nivel del mar), y la distribuyen paulatinamente a lo largo del año por sus vertientes, arroyos y ríos, que desembocan en grandes lagos artificiales, tomas subterráneas o de subálveo.

“Esto es posible siempre y cuando las cuencas se encuentren en buenas condiciones ambientales, es decir, con su cobertura de vegetación nativa, que genera una red de contención del suelo y permite a la vez la infiltración a niveles inferiores, donde el agua se acumula hasta saturarse, y cuyo excedente va a parar a los cursos de agua de manera directa, liberándose el resto del año en forma paulatina y subterránea”, explica Barri.

Este efecto natural ha sido denominado “efecto esponja”. Su contrapartida es el “efecto tobogán”, que ocurre gracias a la pérdida de cobertura vegetal nativa y el incremento de la erosión, principalmente por el avance de la frontera urbana. En este caso, debido a que el agua de lluvia no logró acumularse en las napas de las cuencas, ese recurso no estará disponible durante el período seco.

Según el equipo de investigación, la pérdida de vegetación nativa por diversas causas antrópicas (desmontes, incendios, sobrepastoreo y avance de las urbanizaciones) implicó una reducción de los caudales base de los cursos de agua. Como contrapartida, se observa un aumento de las escorrentías y la violencia de las crecidas de arroyos y ríos en época de lluvias.

Un dato ayuda a dimensionar el fenómeno en Córdoba. Ocurre que la provincia mediterránea ya perdió más del 95% de sus bosques nativos originales. De hecho, en la década del 90’ y principios del 2000 llegó a ostentar una de las tasas de deforestación más altas del planeta.

Hasta la década de 1990, la ciudad de Córdoba y localidades de Sierras Chicas captaban el agua de las cuencas locales. Pero tanto por la degradación de esas cuencas, como por la reducción de su superficie ante el avance de las urbanizaciones, es necesario tomar el agua a distancias cada vez mayores (entre 10 y 50 km).

Deon explica que la década del 2010 marcó un punto de inflexión. Hubo una desconexión de las cuencas locales y vecinas, para pasar a los megaproyectos hídricos que pretenden traer agua de distancias superiores a los cien kilómetros, como la obra Los Molinos-Córdoba.

“Actualmente, la pérdida de capacidad de recarga y almacenamiento de agua por parte de las cuencas cordobesas –sumada a la contaminación que sufren sus principales embalses– llevó al gobierno de la provincia a licitar e iniciar obras para traer el agua desde el Paraná, a más de 350 km de distancia y en contra de la pendiente”, agrega el investigador.

Lucha por el agua y el bosque

El trabajo publicado por el grupo de investigación identifica tres grandes causales en la degradación de las cuencas y la reducción de los estratos hídricos, con su consiguiente escasez del agua para comunidades enteras.

El primero es la modificación estructural de la geomorfología de la cuenca, por el impacto de actividades antrópicas (deforestación, sobrepastoreo, incendios, movimiento de suelos, urbanizaciones, contaminación).

El segundo es el uso indebido del agua (riego de canchas de golf, piscinas, lagunas artificiales). Y el tercero, el aprovechamiento del recurso con fines mercantiles a una escala insostenible (en el agro, la minería, las industrias, la expansión urbana, entre otros).

Los conflictos por el acceso al agua se profundizaron cuando las cuencas se fueron degradando, lo que junto con el incremento de la demanda por avance del desarrollo urbano implicó una disminución de la disponibilidad de este vital recurso natural.

Deon explica que, en un primer momento, la defensa del bosque nativo y los reclamos en torno al uso desmedido del suelo fueron visibilizados a través de la creación de pequeños colectivos sociales autogestivos, que se manifestaron para dar a conocer las problemáticas ambientales del agua en la región.

En poco tiempo, las organizaciones gestadas en el nivel micro-local se expandieron en una red de complejas relaciones territoriales. Por sus prácticas comunitarias, esas iniciativas fueron adquiriendo mayor relevancia en la articulación de acciones que buscan proteger el equilibrio ambiental de las cuencas.

Como ejemplo, Deon menciona al “Corredor de Sierras Chicas”, un colectivo de vecinas y vecinos que busca resguardar unas 120 mil hectáreas de cuencas y bosques continuados, sitios históricos y espacios ya habitados responsablemente, así como otros a ser recuperados. Su propósito es aprender colectivamente a habitar y cuidar la vida serrana sin destruirla, mercantilizarla y tornarla exclusiva.

El trabajo señala, además, que el germen de la resistencia en defensa de las cuencas serranas se gestó en la batalla que tuvo que dar el pueblo de Córdoba en relación a la Ley de Bosques, un proceso participativo que incluyó actualizar sus mapas y categorizar a los pocos bosques nativos que le quedaban.

De todos modos, para Deon fue la tragedia ocurrida en Sierras Chicas del 15 de febrero de 2015, lo que motorizó la profundización de la lucha integral en defensa de las cuencas serranas.

“El impacto social, psicológico y simbólico que tuvo esa inundación en la población local, fue lo suficientemente fuerte como para que el grueso de las personas afectadas reclamara tanto la reparación de los daños materiales, como que cesaran los programas del gobierno que avanzaban con la deforestación para la construcción de barrios cerrados en la parte media y media-alta de las cuencas”, explica el investigador.

Actualmente, según evalúa el equipo autor de la publicación, se vive un momento de máxima tensión entre el gobierno provincial, los gobiernos municipales y un sector del empresariado inmobiliario, quienes están siendo objeto de permanente interpelación en sus políticas públicas y estrategias comerciales por parte de los movimientos sociales y ONGs ambientalistas.

“Mientras los primeros intentan avanzar bajo su lógica de desarrollo aprobando y ejecutando desmontes en zonas con bosque nativo asentado sobre cuencas serranas, las estrategias de resistencia y empoderamiento de los segundos, con origen en la problemática del acceso al agua, se hacen cada vez más claras, fuertes y variadas”, comentan.

Reflexiones para pensar alternativas

En cuanto a las posibles soluciones, desde el equipo de investigación insisten en que los municipios tienen que poder actuar para frenar el avance de las urbanizaciones.

“Es importante que la autoridad local tenga una herramienta legal para actuar, porque de lo contrario no se sabe quién tiene que clausurar una obra que se ejecuta en una zona roja. Es importante generar ordenamientos territoriales participativos locales, que brinden herramientas a las autoridades para hacer cumplir las leyes”, sostiene Barri.

Por otro lado, también apuntan a cambiar la matriz ideológica y la forma de habitar.

“Habitar no es lo mismo en la actualidad que en tiempos de la revolución industrial, cuando se pensaba que no había nada en el territorio natural. Hoy, el paradigma es otro y tiene que ver con respetar la naturaleza, tender redes comunitarias”, explica Martina.

La idea, subrayan, es aprender a vivir de otra manera con el entorno.

Fecha de publicación: 24 agosto, 2021