Córdoba sin manicomios

En 1990, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), conducida por todos los gobiernos de las Américas, realizó la Conferencia Regional para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica que fue un hito histórico en el desarrollo de la atención de la salud mental en todos sus aspectos, a nivel continental y global. Allí se estableció la necesidad de desaconsejar la utilización de los grandes hospitales psiquiátricos llamados comúnmente “manicomios” y la importancia de establecer una red comunitaria de servicios de salud mental que permita la realización de sistemas de promoción, prevención, asistencia y rehabilitación en salud mental.

Estos principios fueron evaluados nuevamente en la Conferencia Regional de la Reforma de los Servicios de Salud Mental, realizada en Brasil en 2005, en la que se adoptaron los “Principios de Brasilia”, que plantean los nuevos desafíos técnicos y culturales que se enfrentan en el campo de la salud mental.

Tres años más tarde, la Organización Mundial de la Salud lanzó formalmente el Plan de Acción Global en Salud Mental para dar directivas en la atención de los trastornos mentales, neurológicos y relacionados con el abuso de sustancias.

En todos estos encuentros y documentos, se enfatiza la inviabilidad de la ejecución de sistemas y servicios comunitarios mientras existan instituciones manicomiales que normalmente se llevan entre el ochenta y el noventa por ciento de los presupuestos asignados a la atención de la salud mental.

Según el Director de la División de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Benedetto Sarraceno, hay cuatro los argumentos para enjuiciar al manicomio. Por un lado, está el aspecto ético-jurídico, ya que la violación de los Derechos Humanos es el mayor cargo que se le hace al hospital psiquiátrico. Además, está el argumento clínico, en cuanto esa atención llega a generar la cronificación de un desorden, no obstante la administración de los psicotrópicos antiguos o de nueva generación. Por otro lado, existen razones institucionales, porque en el manicomio se establecen relaciones de sumisión y violencia física y afectiva, todas inmersas en un círculo vicioso, donde quien está obligado a sufrir hace a su vez sufrir al más débil. Por último, existen razones económicas relacionadas con la bajísima efectividad del hospital psiquiátrico, que gasta mucho, trata mal y no sirve a la mayoría de la población que necesita de la atención a la salud mental. Esto está consignado en la Iniciativa para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica en las Américas, de 2007.

Recientemente, se realizó en la ciudad de Panamá la Conferencia Regional de Salud Mental de la Organización Panamericana de la Salud con la participación de los representantes de salud mental de todos los gobiernos de las Américas, representantes de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, organizaciones no gubernamentales (ONG’s) y centros colaboradores, así como también usuarios de los servicios de salud mental y familiares, con el objeto de establecer las directrices necesarias para implementar la Estrategia y Plan de Acción Regional en Salud Mental (2011-2020), que ofrece claras y viables guías y pautas para enfrentar la problemática de la salud mental. Sus propósitos son fortalecer la respuesta del sector salud mediante la ejecución de intervenciones de promoción, prevención, asistencia y rehabilitación en el campo de la salud mental en la comunidad con el objeto de eliminar las brechas financieras, de tratamiento, de formación y de información. Se cerraron las deliberaciones con la lectura del documento llamado “Consenso de Panamá”, que tiene como lema: “La década del salto hacia adelante: por un continente sin manicomios en el 2020”.

Es evidente que la Ley 9848 de Servicios y Sistemas de Salud Mental de la Provincia de Córdoba se inscribe en los lineamientos desarrollados por las diferentes Conferencias Regionales de Salud Mental y por la Estrategia y Plan de Acción Regional en Salud Mental (2011-2020).

Un dato significativo es que el manicomio atiende solamente al 0,2 % del total de la población necesitada de tratamiento y ocupa entre el 90 y el 95 % del presupuesto que se asigna a la salud mental. Mientras exista el manicomio nunca existirán servicios para atender al 99,8 % restante. Esto está argumentado en la Declaración de Caracas (OPS/OMS, 1990), en los Principios de Brasilia (OPS/OMS, 2005) y en el Consenso de Panamá (OPS/OMS, 2010) cuyo lema es: "La década del salto hacia adelante: por un continente sin manicomios en el 2020".

La Córdoba sin manicomios que propone la Ley 9848 de Servicios y Sistemas de Salud Mental nos inscribe en el contexto regional y mundial de la atención a las personas con sufrimientos psíquicos y enfermedades mentales; libera los recursos necesarios para abordar los nuevos y no clasificados modos del sufrimiento mental en los mundos contemporáneos y repara una injusticia social largamente señalada por diferentes organizaciones sociales, políticas y académicas. Se trata de un desafío, no solamente para técnicos y profesionales del sector sino para toda la sociedad en su conjunto, que esta ley sea llevada a su plena aplicación y permanente actualización.

Rubén Oscar Ferro es director del Instituto de Salud Mental, de la Escuela de Salud Pública/Facultad de Ciencias Médicas, UNC.