¿Quién tiene derecho a ser víctima en Argentina? Ése fue el interrogante que motorizó un estudio colectivo coordinado por Alcira Daroqui, investigadora del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y directora de la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de esa casa de estudios. El trabajo, según explicó la experta, plantea la necesidad de reconocer la tensión existente entre derechos humanos y sistemas penales en el marco de la relación entre Estado y sociedad. En esa línea, el estudio indaga cómo la articulación entre las prácticas y los discursos de los medios de comunicación, la justicia y la policía habilita el uso de la fuerza letal sobre personas tipificadas como “delincuentes” en el marco de la lucha y combate contra el delito.

La investigación quedó plasmada en el libro “Muertes silenciadas: la eliminación de los delincuentes”, que Daroqui –invitada por el programa Universidad, Sociedad y Cárcel de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNC y la cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales– presentó días pasados en la Casa de Trejo. El trabajo analizó la información publicada en los diarios Clarín y Crónica, y distribuida por las agencias Télam y DyN, sobre hechos ocurridos en la ciudad de Buenos Aires en un lapso de seis meses de 2004, en los que intervino la Policía Federal.

La elección de esta fuerza de seguridad no fue al azar. “Siempre se ha presentado a la Federal –tanto el servicio penitenciario, como a la policía– como lo mejor, más respetuosos de los derechos y más garantistas; sin embargo, varios estudios demuestran que, en comparación con la policía de la provincia de Buenos Aires, y me refiero sólo a datos oficiales, la Federal mata tres veces más en el territorio de la ciudad de Buenos Aires”, apuntó Daroqui.

En la disertación, la especialista explicitó que el equipo de trabajo recuperó el concepto de delincuente en el mismo sentido que lo utilizan la policía, los medios y la justicia, esto es, como la persona que está cometiendo un delito y que hoy la sociedad identifica como su enemigo. “A partir de ahí, buscamos cómo se legitima la muerte del enemigo, en un marco supuestamente democrático, de Estado de derecho y en un gobierno de los derechos humanos”, subrayó.

El relevamiento de campo no sólo implicó la reconstrucción de cada uno de los casos a través de la información vertida en los periódicos y el seguimiento de los expedientes, sino que incluyó una serie de entrevistas con fiscales, jueces, comisarios, subcomisarios, jefes de calle y periodistas. Daroqui compartió la explicación que un funcionario policial le brindó ante una consulta: “Nos dijo que gran parte de los sectores sociales le ha pedido al Estado que no tenga límites, porque los delincuentes no los tienen; que las fuerzas de seguridad tienen las manos atadas porque no pueden actuar ilegalmente como lo hacen quienes quiebran la ley. Esto implica que no se reconocen como funcionarios del Estado”.

Los invisibles

Una de las problemáticas centrales de las acciones encuadradas dentro de la lucha y el combate contra el delito –todo lenguaje bélico, como apunta Daroqui– es la ausencia de interrogantes: “Nadie se pregunta quién era la persona que está en la bolsa negra”, señala. Según la especialista, los propios periodistas reconocieron que no buscan esos datos.

“En este libro demostramos que la fuente de información de los diarios ni siquiera es constatada. De esta manera, lo que se lee en estos medios es lo que la policía dice sobre el hecho, salvo dos excepciones: cuando el hecho toma un grado de espectacularidad o cuando los familiares de las víctimas realizan algún reclamo”, remarca Daroqui.

Dado que en las noticias nunca aparecen los nombres de las personas muertas, los autores de la investigación decidieron nombrarlos en el libro, particularmente aquellos casos de los cuales habían seguido la causa judicial y la cobertura periodística.

“Estas víctimas ya no hablan porque están muertas. Por eso a través de la búsqueda de sus interlocutores, como la policía, la justicia y los medios de comunicación, nuestro trabajo intenta restituirles la palabra. Es decir, las víctimas tienen derechos. La política de derechos humanos es restituir la palabra a quienes son víctimas y no pueden emitir su voz”, explica Daroqui.

Para la especialista, la muerte y la desaparición todavía tiene mucho espacio y no sólo constituyen prácticas de décadas anteriores. “Si no se pone en diálogo el pasado con el presente en materia de derechos humanos, estamos ante una memoria esclerótica. Hablar de las violaciones de los derechos humanos en el pasado es bastante cómodo, lo que incomoda es hablar del presente, de las complicidades de los encubrimientos y del ejercicio de una impunidad. Nunca hubiera sido posible lo que sucedió en el ’76 en Argentina si no hubiera una fuerte legitimación social”, apuntó.

“Queremos llamar la atención –agregó Daroqui–, e indagarnos si otorgar esa capacidad letal a la fuerza de seguridad sin ningún interrogante no es, de alguna manera, legitimar que un grupo armado, en nombre del interés de un orden social determinado, defina en un momento histórico quién es el enemigo”.

Fecha de publicación: 10 noviembre, 2009