Un exhaustivo trabajo de análisis documental, bibliográfico y arquitectónico rastreó las huellas de las mujeres consideradas “malas” por la justicia colonial a finales del siglo XVIII y principios del XIX. La investigación profundiza en los bienes culturales legados de esa época –actas de escribanías, libros jurídicos y expedientes judiciales– para reconstruir una dinámica que las procesaba, condenaba y encarcelaba por ser “malas madres”, “malas esposas”, “seducir” a sus padres que las violaban, o simplemente convivir con sus parejas sin haber contraído matrimonio. El rol de la Real Cárcel, en el Cabildo, como instrumento de control social que puede mirarse desde una perspectiva de género. [02.06.2021]

Por Josefina Cordera | Procesadas o encarceladas principalmente por delitos relacionados a su cuerpo: prostitución, alcahuetería o tercerías, aborto, adulterio e infanticidios. En menor medida, por hurtos, insultos o injurias, y otras causas de menor importancia. Las “mujeres malas” de la Córdoba colonial eran apresadas en la Real Cárcel que funcionaba en el Cabildo.

“La instancia judicial no era una entidad separada de la realidad social. Para configurar la ‘buena o mala fama’ de una persona entraban en juego el discurso normativo y judicial, pero también numerosas dinámicas comunitarias”, explica Jaqueline Vassallo, autora del estudio e investigadora de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC y Conicet, y profesora de la Escuela de Archivología de la UNC.

Vassallo explica que muchas de las mujeres procesadas fueron condenadas por ser “malas madres”, por “seducir” a sus padres que las violaban y por “malas esposas”. Es decir, por su condición de mujeres en ejercicio de los roles que la misma sociedad le asignaba en aquel entonces y que continúan vigentes.

“En definitiva, las causas de los delitos se encuentran articuladas con su condición genérica, pero también con el grupo social de pertenencia: la edad, las condiciones de vida o sus relaciones con los hombres”, apunta la especialista.

En contraposición, sobre los varones no recaían estas definiciones. Por ejemplo, los padres no eran llamados a declarar cuando sus hijas –con quienes convivían– eran enjuiciadas por estar amancebadas (vivir en pareja de hecho, sin haberse casado). Pero en algunos casos sí fueron encarceladas, procesadas y sentenciadas sus madres, por ser “consentidoras” de esa situación.

El trabajo se llevó a cabo poniendo el foco en los bienes culturales donde quedaron huellas de estas mujeres: cómo fueron registradas en las escribanías o cómo fueron catalogados los expedientes que tramitó la justicia. Pero también, cómo esas huellas se exhiben y comunican en la actualidad: la forma en que son visibilizados y mostrados al público los rastros que han quedado de ellas en libros y restos arqueológicos, que hoy se encuentran en museos y bibliotecas locales.

“Trabajé con documentos judiciales y de gobierno, libros jurídicos que se refirieron a estas mujeres, y en el Cabildo donde se alojó la Real Cárcel con celdas destinadas a mujeres. Bienes en los que dejaron marca tanto las autoridades locales como la justicia capitular, que no pueden dejar de interpretarse en términos estamentales y patriarcales, y que posibilitan la apertura de nuevos estudios y enfoques. Incluso la posibilidad de interpelar el ‘sesgo androcéntrico’ en el patrimonio cultural local”, indica Vassallo.

Córdoba de las campanas y el androcentrismo

El estudio aborda el período en el que la Dinastía Borbónica implementó fuertes políticas de control social en todos los dominios de la corona española. Se pusieron en marcha reformas para mejorar el control político, centralizar y organizar la administración, y controlar la fuerza de trabajo rural y urbana.

En Córdoba, esas medidas fueron implementadas por el primer Gobernador Intendente de la Gobernación de Córdoba del Tucumán, Rafael Sobremonte. Como consecuencia, aumentaron las causas judiciales y las detenciones en la Real Cárcel. Muchas veces, las personas eran sancionadas, sin llegar a ser procesadas.

Según consta en la investigación, en los bandos de buen gobierno y los mandamientos gubernativos que se expidieron durante esta época aparecen disposiciones que criminalizaban y controlaban fundamentalmente a las mujeres pobres, las trabajadoras libres y las esclavas, quienes en muchos casos fueron encarceladas.

En aquellos años, Córdoba era la región del interior rioplatense más densamente poblada y rica en la producción agropecuaria. Además, contaba con un tribunal ordinario de justicia eclesiástica y una comisaría de la Inquisición, que trabajó por más de dos siglos bajo la dependencia del tribunal de Lima.

En cuanto a la normativa invocada para enjuiciar a las mujeres, ya no se las ponían bajo custodia en conventos y monasterios de monjas –como estaba previsto durante la Edad Media y comienzos de la modernidad en España–, sino que prevalecía el proceso penal y el encarcelamiento en celdas separadas de las reservadas para los varones.

“Tanto en las normas, como en los escritos de juristas y prácticos, prevalece el criterio de separación de los varones y de las mujeres entre sí –las que tenían buena fama y las que no– ya que, como han señalado otras investigaciones, más allá de las funciones específicas que tenía la cárcel también se encontraba la del ‘control social genérico’”, agrega Vassallo.

Algunas llegaban a la instancia judicial porque alguien las denunciaba o alguna persona del barrio las señalaba ante las autoridades, lo que derivaba en el inicio de oficio de la causa. Otras, fueron querelladas por sus maridos o por terceros. La mayoría no opuso resistencia a la detención, ni tampoco a confesar la comisión o participación en el hecho imputado.

Eran recluidas en una celda que existió en la planta baja del Cabildo. Cuando se realizaron modificaciones en la cárcel, se les asignó otra celda en la planta alta. Ninguno de estos espacios ha podido ser identificado al día de hoy.

Tal como indica la investigación, las “mujeres malas” circularon también por otros espacios: las escaleras que llevaban a la sala capitular y en esas mismas salas, donde se realizaba la visita de las autoridades una vez al mes; el patio menor del cabildo, donde estaba la cocina y a la que debían acudir para preparar la comida de todos los presos como un doble castigo por su calidad de mujeres que se intentaba disciplinar. También asistían a la capilla, obligadas a presenciar oficios religiosos. Algunas, fueron casadas compulsivamente por las autoridades coloniales tras soportar, junto a sus parejas, una causa por amancebamiento.

El procesamiento penal de las mujeres por la justicia ordinaria fue significativamente menor que el de los hombres, así como su presencia en la Real Cárcel. Según el Libro de Visita de Cárcel, uno de los documentos analizados por Vassallo, 1795 fue el año que la celda de mujeres estuvo más poblada, con un total de 20 presas.

“Pensamos que la vida doméstica, sus funciones y sus relaciones vitales como dadoras y nutricias, más el conjunto de prescripciones que las obligaban a ser “buenas” y obedientes –amén del control que pudieron tener los varones de la familia– hicieron menos frecuente su llegada a la justicia. Las mujeres involucradas en delitos solían ser jóvenes y mayoritariamente pertenecían a los grupos sociales inferiores, porque sobre este estrato recayeron las políticas de control social de la época”, añade la investigadora.

Los documentos también permitieron conocer que muchas de ellas cumplieron su pena en instituciones cercanas al cabildo, como por ejemplo el Hospital de Mujeres o el Colegio de San Alberto. Otras tantas fueron liberadas o perdonadas.

La historia a medias

A pesar de formar parte de la Córdoba colonial, la vida y el paso de estas mujeres no se percibe en la mayor parte de los bienes culturales que se conservan en la actualidad.

Tal como revela la investigación, los restos arqueológicos de la cárcel del Cabildo no tienen explicaciones suficientes en relación con su presencia. Lo mismo sucede en la capilla que se construyó allí y en el Colegio San Alberto. “Sin lugar a dudas, este borramiento de los lugares patrimoniales no es neutro”, subraya Vassallo.

La invisibilización de las mujeres no solo se da en las carátulas de las causas judiciales antiguas, sino que los registros actuales adolecen de las mismas falencias: ausencia de menciones, nombres incompletos, definición de las mujeres por los vínculos que tenían con varones, su participación en delitos subsumida en “otros”.

“Estas invisibilizaciones dificultan el acceso a la información, obligan a consultar cada uno de los expedientes para saber si hubo o no una mujer involucrada en un caso, para luego poder analizarlo”, explica la investigadora.

Abordar el trabajo histórico desde una perspectiva de género permite reflexionar sobre cómo la memoria esconde bajo su aparente neutralidad, una mirada masculina y androcéntrica, que privilegia solo el punto de vista del varón.

Según Vassallo, en el imaginario cordobés el pasado colonial –glorioso por su vinculación con lo religioso y lo culto– solo tiene como protagonistas a varones de la élite especialmente ligados a la vida religiosa.

“Cuando las mujeres aparecen en el discurso histórico más tradicional, están vinculadas a la élite fundadora o a la vida religiosa. Entendemos que esto responde al discurso hegemónico y patriarcal del pasado colonial de Córdoba que encontramos en varios espacios de la cultura de la ciudad y que no dan lugar a presencias disruptivas de los ideales modélicos establecidos”, señala.

Para comenzar a llenar los blancos que la historia oficial ha dejado en relación a las mujeres, la Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y en Estudios de Género, y la Red Iberoamericana de Investigación en Historia, Mujeres y Archivos trabajan para incorporar la mirada feminista en la gestión de archivos y bienes patrimoniales.

“El gran desafío sigue siendo la integración de estas investigaciones a la historia general, dejar de ser un ‘capítulo’ o un ‘apartado’ en libros y manuales de historia. También, requiere esfuerzos a la hora de trabajar en la comunicación y en el diálogo necesario que debiera existir con quienes trabajan en museos, bibliotecas, archivos, incluso, con guías turísticos”, concluye.

Fecha de publicación: 1 junio, 2021