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Una breve historia de la interrupción legal de embarazo en Córdoba

Ponte, de contextura pequeña y voz joven, hace un recuento de la situación: “El fallo FAL (2012) indicaba que cada provincia debía tener su propio protocolo para abortos no punibles o adherir al nacional y ponerlo en vigencia. Acá sí se hizo un protocolo provincial, que fue aprobado por la Legislatura”.

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Ese protocolo tenía algunas diferencias con el nacional. Una de las cruciales, según la profesional, era la intervención (el aviso) que debía darse a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) si había un caso de menores en situación de violación.

“Desde Católicas por el derecho a decidir, organización a la que pertenecía en ese momento, nos parecía que eso implicaba una pérdida de intimidad. Una situación de violación es un delito de instancia privada, que la víctima puede o no denunciar. Si alguna chica decía: ‘Yo no lo voy a denunciar porque es mi tío’, es decir, una persona que ejercía algún poder en la familia, yo lo mismo sí o sí tenía que pasarlo a la Senaf. Debía difundir un delito que por instancia privada alguien elegía no denunciar. Daba la impresión de que con esto se iba a perder el secreto profesional, pero, a fin de cuentas, el protocolo estaba”, explica Ponte.

A los diez días de aprobado, la asociación Portal de Belén presentó un recurso de amparo para su no aplicación en el territorio provincial. “¿Qué le pasa a la Provincia, entonces?”, interpela la médica. “En realidad, la cosa es así: el artículo 86 del código penal de 1921 tiene dos incisos: en el 1, habilita el aborto por la salud y la vida de la mujer, y, en el inciso 2, por violación. ¿Sobre qué cosa actúa el fallo FAL? Sobre el inciso 2. El inciso 1 es legal desde 1921. Y el amparo del Portal de Belén va por el inciso 2, no por el 1. O sea que entonces el inciso 1 está vigente, pero la Provincia tampoco lo aplica. Y llevamos ya cinco años del amparo cajoneado en el Tribunal Superior de Justicia”.

En el ámbito de la Universidad, la respuesta fue otra. El entonces decano de la Facultad de Medicina, Dr. Gustavo Irico, decidió que se iba a aceptar el protocolo nacional para abortos no punibles, ya que tanto la Maternidad como el Hospital de Clínicas son territorios nacionales, es decir que escapan al amparo.  Sin embargo, el Portal de Belén también intentó, aunque esta vez sin éxito, hacer extensible el amparo a través de la Justicia Federal. 

Desde 2005 llevo adelante el Programa de Salud Reproductiva, junto con otra colega y una profesional médica más joven a la que hemos logrado sensibilizar”, relata Ponte. Ese pequeño grupo de tres profesionales de la salud decidió que, en ese territorio, el Hospital de la Maternidad, se aplicaría el fallo FAL.

“En el Hospital de Clínicas –continúa la médica– muchos me dijeron que con la objeción de conciencia se resolvía el asunto, y que, por lo tanto, ellos no iban a trabajar en la interrupción legal del embarazo. Nosotras siempre hemos reclamado que no se trabajara, pero bueno, no son decisiones que podamos tomar y, por tanto, seguimos adelante con nuestro servicio y listo”. Es decir que, desde el punto de vista legal y en lo que corresponde al protocolo de atención de abortos no punibles del Ministerio de Salud de la Nación, solo se cumple en la Maternidad Nacional de la UNC.

Sobre por qué el TSJ no decide, Ponte tiene su propia lectura: “El Tribunal Superior no va a fallar desconociendo los pactos y las cortes internacionales que están en vigencia y que forman parte de los acuerdos firmados por el país”.

Uno de esos pactos vigentes es, por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), incorporada a la constitución argentina en 1994.

En su última evaluación de 2016, la Cedaw recomienda a Argentina que se implemente en todo el país la interrupción legal del embarazo y exhorta a que se garantice el acceso al aborto legal y seguro a las mujeres en casos de violación o riesgo para la salud o la vida, así como la atención post aborto. A su vez, pide que el Estado controle la justificación de los profesionales con la objeción de conciencia. Fuente: www.feim.org.ar.

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