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Más del 80% de los residentes en la ciudad de Córdoba consideran que una mujer violada tiene derecho a interrumpir su embarazo

El autor de esta columna extrae ese dato de trabajos realizados en el marco de su grupo de investigación. En este artículo, analiza la cultura jurídica cordobesa en relación a la vigencia o implementación de los derechos sexuales y reproductivos; al tiempo que destaca la aparición de una cultura jurídica alternativa, que posibilita disputar los “usos sacralizados del derecho”, y en la que ve “la posibilidad de que Córdoba reconozca y garantice el acceso al aborto como parte de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes”.

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Por Juan Marco Vaggione
Profesor Titular de Sociología en la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional de Córdoba
Integrante del Programa en Derechos Sexuales y Reproductivos de esa unidad académica

Córdoba tiene una cultura jurídica marcadamente conservadora, sostenida en el entramado de juristas, abogados y profesores del derecho. Una de sus características es la defensa de un derecho secular encorsetado en una concepción restrictiva de la moral católica. Esta cultura, acostumbrada a ser hegemónica, se activa y vuelve visible en los distintos esfuerzos por evitar la vigencia o implementación de derechos sexuales y reproductivos. 

El tema del aborto no es una excepción y, mientras distintas provincias avanzaron en garantizar su acceso en aquellos casos permitidos por el derecho penal (por violación y por riesgo para la vida y la salud), y legitimados por la Corte Suprema de Justicia (caso FAL), los defensores de la cultura jurídica conservadora despliegan una serie de estrategias para impedirlo.

Por un lado, utilizan mecanismos judiciales y argumentos legales para evitar la vigencia del protocolo que permite a las mujeres violadas acceder, en caso de requerirlo, a un aborto legal. Por otro lado, apelan a la construcción de una autonomía provincial antitética con los derechos sexuales y reproductivos como argumento cultural y legal para desconocer derechos existentes en otras partes del país. Pretenden blindar a Córdoba como manera de purificación y consolidación simbólica de una moral sexual patriarcal y en extinción.

Sin embargo, esta cultura jurídica conservadora viene desgranándose debido, entre otras cuestiones, al impacto del feminismo y del movimiento de mujeres en las calles, en los tribunales y en las aulas.

Mientras sus principales operadores continúan utilizando el derecho en defensa de un posicionamiento moral y legal incólume, la población cordobesa ha variado profundamente sus opiniones y posicionamientos respecto a las decisiones sexuales y reproductivas. Por ejemplo, más del 80% de los residentes en la ciudad de Córdoba consideran que una mujer violada tiene derecho a interrumpir su embarazo1.

En paralelo a estos cambios de la opinión pública es posible observar la consolidación de una cultura jurídica alternativa que defiende la legitimidad de los derechos sexuales y reproductivos en las aulas de la Facultad de Derecho y en las prácticas profesionales.

Llama la atención, entre otros ejemplos, la creciente presencia de abogadas que se autodenominan como feministas, mixturando dos identidades que por años parecían opuestas, y habilitando el uso del derecho en contra de la violencia de género y a favor de la libertad sexual y reproductiva. Desde posiciones disidentes, estas abogadas nos interpelan sobre las esencializaciones y sacralizaciones sostenidas por un uso acrítico del derecho.

En la consolidación de esta cultura jurídica alternativa, en la posibilidad de disputar los usos sacralizados del derecho, reside en gran medida la posibilidad que Córdoba reconozca y garantice el acceso al aborto como parte de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes. 

Notas
1 - Rabbia, H y M.C. Sgró Ruata (2014) “Posiciones sobre el aborto en Argentina: de la Conferencia Episcopal a las opiniones de los/as ciudadanos/as católicos/as”, en Política e Sociedade, Florianópolis.
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