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En Córdoba, el Protocolo de Interrupción del Embarazo se aplica en los hospitales de la UNC

En Argentina, el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional y se enmarca en la concepción de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos.

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El Ministerio de Salud de la Nación aprobó en junio de 2015 dicho Protocolo, para su aplicación en todo el país. Está actualizado con los últimos avances científicos y tiene como objetivo facilitar la aplicación de los tres casos en los que las interrupciones de embarazos son permitidas: riesgo para la vida de la mujer, violación, y riesgo para la salud de la mujer. Contiene conceptos que clarifican los alcances del artículo 86 del Código Penal, que incluye las excepciones o casos de aborto legal y que durante muchos años fueron objeto de controversias.

Las mujeres argentinas, de todas las provincias, tienen derecho a esa práctica médica. En la provincia de Córdoba, este Protocolo no se aplica. “Negarlo es incurrir en violencia contra la libertad reproductiva, una de las formas de violencia plasmadas en la ley 26.485, además de configurar un incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”, señala la abogada experta en género Susana Chiarotti, consultada sobre el impacto en términos de salud pública y derechos de los ciudadanos que implica la no aplicación de esta herramienta legal.

La excepción es el Hospital Nacional de Clínicas y el Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología, ambos dependientes de la UNC y nacionales, en los cuales sí se implementa el Protocolo.

Por su parte, Marta Dillon apunta que “el aborto es un hecho, y el Protocolo funciona como un paraguas que cubre todas las prácticas que se vienen dando en relación al aborto. Y que, sin embargo, siguen estando semiclandestinas”.
 
 

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